Esta semana, tres personas, entre ellas un funcionario de la Fiscalía, fueron detenidas en Santa Elena por integrar una presunta red que, según las investigaciones, ofrecía manipular procesos penales a cambio de pagos de hasta USD 15.000.
De acuerdo con la información oficial, la organización operaba desde una oficina que funcionaba bajo la fachada de una empresa de seguros, donde presuntamente negociaba beneficios para personas procesadas por distintos delitos.
Las capturas se realizaron durante allanamientos ejecutados por la Policía Nacional en tres viviendas, una oficina jurídica y las instalaciones de la Fiscalía Provincial de Santa Elena.
Así operaba la presunta organización
Según las investigaciones, los implicados utilizaban una oficina paralela a la Fiscalía para recibir a los interesados y gestionar supuestos favores judiciales.
Las autoridades sostienen que, desde ese inmueble, la organización coordinaba acciones para favorecer a procesados por delitos como:
- Extorsión.
- Tráfico de explosivos.
- Tráfico de hidrocarburos.
- Abuso sexual.
El costo de estas gestiones alcanzaba los USD 15.000, dependiendo del proceso penal y del beneficio que solicitaba cada persona.
Evidencias encontradas
Durante los allanamientos, la Policía incautó cinco teléfonos celulares, once dispositivos de almacenamiento, cinco computadoras portátiles, dinero en efectivo y documentación que será incorporada a la investigación.
Los investigadores consideran que este material permitirá determinar el alcance de la presunta estructura e identificar a otros posibles involucrados.
Los tres detenidos serán procesados por el presunto delito de delincuencia organizada y en las próximas horas un juez resolverá su situación jurídica.
La investigación se suma a otros casos que han revelado presuntas redes de corrupción dentro del sistema de justicia ecuatoriano, como Metástasis y Purga, que expusieron vínculos entre operadores judiciales y organizaciones criminales.
Post relacionados
