La sesión está convocada para este viernes, 31 de julio, y tendrá como único punto del orden del día el tratamiento del informe de la Comisión de Fiscalización.

El Pleno de la Asamblea Nacional conocerá este viernes, 31 de julio, el informe de la Comisión de Fiscalización que recomienda archivar el juicio político contra la exministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, al concluir que no existen pruebas suficientes para establecer un incumplimiento de funciones.

La sesión fue convocada para las 11:00 por el presidente encargado de la Asamblea, Esteban Torres Cobo, y tendrá como único punto del orden del día el tratamiento del informe de sustanciación sobre el proceso de fiscalización.

Comisión recomendó archivar el proceso

La Comisión de Fiscalización aprobó la pasada semana el informe, con seis votos a favor y cuatro en contra, durante una sesión realizada en Guayaquil.

La mesa legislativa concluyó que no se logró demostrar un nexo causal entre las funciones ejercidas por Manzano y los hechos denunciados, ni se configuró la causal de incumplimiento de funciones prevista en el artículo 131 de la Constitución.

El juicio político fue impulsado por la bancada de Revolución Ciudadana, que atribuye a la exfuncionaria responsabilidad política por su presunta actuación en el contrato suscrito entre la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) y la empresa Austral Technical Management (ATM) durante la crisis eléctrica de 2024.

Sin embargo, el informe sostiene que el contrato cuestionado fue suscrito antes de que Manzano asumiera el Ministerio de Energía y que la orden de pago del 60 % del contrato fue autorizada antes de que su encargo ministerial quedara formalmente registrado.

Además, determina que las fases precontractual, contractual y de desembolso correspondían exclusivamente a Celec EP, entidad con autonomía administrativa y financiera.

Pleno tendrá la última palabra

La Comisión también concluyó que la prueba testimonial anunciada por los proponentes no pudo practicarse debido a la inasistencia de los testigos y que la documentación incorporada al expediente no demuestra que Manzano haya ordenado pagos, participado en la ejecución del contrato o impedido el control político.

El informe añade que durante su gestión se promovieron acciones legales relacionadas con el contrato, entre ellas denuncias penales por presunta delincuencia organizada y una reconvención arbitral por USD 131 millones.

Corresponderá ahora al Pleno de la Asamblea decidir si acoge la recomendación de archivo o dispone que el juicio político continúe.