Por: Héctor Calderón

Viajar por Ecuador está a punto de convertirse en un lujo. La Agencia Nacional de Tránsito autorizó subir hasta un 25 % los pasajes de los buses interprovinciales e intraprovinciales.

¿Y quién va a pagar ese incremento? La madre que viaja para visitar a sus hijos, el estudiante que estudia lejos de su casa, el trabajador que debe trasladarse entre provincias, el pequeño comerciante que lleva sus productos de una ciudad a otra. Porque cuando sube el transporte, no aumenta solamente el precio de un boleto. Sube el costo de movilizar alimentos, mercadería y productos. Y, tarde o temprano, esa factura termina llegando al bolsillo de todas las familias.

El problema se originó después de que el Gobierno eliminó el subsidio al diésel, entregó compensaciones temporales a los transportistas y, cuando estas terminaron, abrió la puerta a revisar las tarifas. Pero aquí aparece la contradicción. Para el transporte urbano, el Gobierno se lava las manos y lanza la pelotita a los municipios: “ustedes decidan qué hacer con los pasajes”. Pero cuando se trata del transporte interprovincial, ahí sí el Gobierno central, entre gallos y media noche, y permanentes cortinas de humo, decide incrementar los pasajes sin pensar en la afectación a la ciudadanía.

Y esto ocurre mientras viajar en avión ya resulta inaccesible para buena parte del país. Cada vez cuesta más visitar a la familia, trabajar, estudiar o comerciar. El Gobierno debe dejar de mirar únicamente las cifras de una tabla y comenzar a mirar a las personas. Porque subir un pasaje puede parecer una decisión técnica desde un escritorio, pero para miles de ecuatorianos significa viajar menos, vender menos y estar más lejos de sus familias.

Gobernar no es pasarle la pelotita a otro. Gobernar es asumir responsabilidades y proteger el bolsillo de la gente y pensar en el bien común.