La Asamblea Nacional definió 34 proyectos de ley como prioritarios para su agenda parlamentaria 2026-2027, distribuidos en tres grandes ejes: seguridad y lucha contra la corrupción; desarrollo humano y modernización institucional; y crecimiento económico sostenible y seguridad jurídica para la inversión.

La nueva planificación representa un cambio frente a la agenda con la que comenzó el actual período legislativo. En 2025, el Parlamento había establecido cinco ejes temáticos que agrupaban 53 proyectos de ley, según el seguimiento realizado por el Observatorio Legislativo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo (FCD).

La agenda 2026-2027 plantea ahora concentrar el trabajo en 34 iniciativas: siete en seguridad y lucha contra la corrupción, 17 en desarrollo humano y modernización institucional y 10 en crecimiento económico sostenible y seguridad jurídica para la inversión.

Seguridad y lucha contra la corrupción concentra siete proyectos

El primer eje tiene como objetivo fortalecer el marco jurídico para enfrentar al crimen organizado, la delincuencia, la violencia, la corrupción y la impunidad.

Entre las siete iniciativas priorizadas constan las reformas al Código Orgánico de la Función Judicial, las modificaciones para prevenir el reclutamiento de niños y adolescentes, las reformas contra la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes y la denominada Ley Antimafias.

También aparecen el proyecto que regula el apoyo complementario de las Fuerzas Armadas a la Policía Nacional, la Ley de Recuperación Productiva y Territorial frente al Crimen Organizado y reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La seguridad ya tenía un espacio específico en la planificación anterior. La agenda analizada por el Observatorio Legislativo contemplaba seis proyectos de ley en el eje de seguridad ciudadana.

Desarrollo humano reúne la mayor cantidad de iniciativas

Con 17 proyectos, desarrollo humano y modernización institucional se convierte en el eje con mayor número de iniciativas de la nueva agenda.

En este grupo constan reformas relacionadas con salud, niñez y adolescencia, inquilinato, empleo juvenil, adultos mayores, maternidad y paternidad, vivienda de interés social y la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

Uno de los proyectos incluidos es la Ley Orgánica de Inteligencia Artificial, con la que la Asamblea pretende incorporar la regulación de esta tecnología dentro de sus prioridades legislativas. También se incluyen reformas a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional y a la Ley Orgánica de la Función Legislativa.

La planificación anterior dividía varias de estas materias entre distintos ejes. De los 53 proyectos registrados entonces, 15 correspondían a desarrollo social, mientras otras iniciativas estaban distribuidas entre eficiencia del Estado, desarrollo económico e infraestructura.

Economía e inversión tendrán 10 proyectos prioritarios

El tercer eje agrupa 10 iniciativas destinadas a mejorar la productividad, promover inversiones y generar empleo. La lista contempla proyectos relacionados con desarrollo agropecuario, Código Tributario, sistema monetario y financiero, aviación civil, tránsito y seguridad vial, producción y comercio, continuidad empresarial, ambiente, acuicultura y pesca, y emprendimiento e innovación.

Según el documento oficial, la intención es establecer reglas más claras y previsibles en los ámbitos tributario, financiero, administrativo y ambiental, además de reducir barreras para la inversión y favorecer la incorporación de tecnología.

De 53 a 34 proyectos prioritarios

La comparación con la planificación anterior muestra una reducción de 19 proyectos, equivalente a cerca del 36% de las iniciativas consideradas prioritarias.

La agenda revisada por el Observatorio Legislativo en 2025 contemplaba cinco ejes: eficiencia del Estado y lucha contra la corrupción, desarrollo social, desarrollo económico productivo y sostenible, seguridad ciudadana e infraestructura, recursos naturales y medio ambiente.

El Observatorio también había advertido entonces una debilidad: pese a que existían 53 proyectos priorizados, la agenda “carece de mecanismos de transparencia” que permitieran seguir el avance de las iniciativas, como el estado actualizado de cada proyecto o códigos de identificación.

La nueva agenda busca responder precisamente a ese cuestionamiento. El documento 2026-2027 incorpora una metodología porcentual para medir el avance de cada proyecto, desde su presentación hasta el pronunciamiento del Ejecutivo y la posterior tramitación legislativa.

El antecedente: agendas con bajo cumplimiento

El desafío para la Asamblea no será únicamente establecer prioridades, sino cumplirlas. El análisis histórico de Fundación Ciudadanía y Desarrollo muestra diferencias importantes en el nivel de ejecución de anteriores agendas parlamentarias. Según el Observatorio Legislativo, la agenda correspondiente a la presidencia de José Serrano alcanzó un cumplimiento del 14%; Elizabeth Cabezas, 34%; César Litardo, 71%; Guadalupe Llori, 40%; Virgilio Saquicela, 69%; Henry Kronfle, 38%; y Viviana Veloz, 44%.

Los datos colocan como principal antecedente el 71% registrado durante la administración de César Litardo, mientras que el menor nivel correspondió al período de José Serrano.

Además, en la agenda anterior quedaron fuera asuntos como libertad de asociación, regulación de plataformas tecnológicas, fijación de límites territoriales, enfermedades raras y pasantías, según el Observatorio.

Fiscalización también tendrá indicadores de avance

La planificación 2026-2027 no se limita a la aprobación de leyes. La Asamblea estableció tres ámbitos prioritarios de fiscalización: seguridad, justicia y orden público; transparencia y lucha contra la corrupción; y desarrollo social, derechos y gestión territorial.

Los procesos de control político también serán medidos mediante porcentajes: 10% por la presentación de una solicitud de juicio político, 10% por su calificación en el CAL, 40% por la sustanciación en comisión, 20% por la emisión del informe y 20% por el tratamiento en el Pleno.

Este componente cobra relevancia frente a los resultados observados durante los primeros 100 días del período legislativo. En ese lapso se presentaron 1.302 pedidos de información, de los cuales 884 tuvieron respuesta, equivalente a un promedio del 68%. Además, el 23% de los legisladores no realizó ningún pedido de información.

Así, la nueva agenda parte con menos proyectos y con mecanismos de medición más definidos que su antecesora. El resultado dependerá de cuánto de esas 34 iniciativas llegue efectivamente a completar el trámite legislativo y de si los nuevos indicadores permiten a la ciudadanía verificar su cumplimiento.