El expresidente responsable del congelamiento bancario de 1999 acude a la CIDH para que eliminen su sentencia, le den una indemnización económica y disculpas oficiales.

El exmandatario Jamil Mahuad presentó una demanda contra el Estado ecuatoriano ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

En el documento, el expresidente afirma sufrir persecución penal motivada por razones políticas a través del sistema de justicia nacional.

Mahuad alega que las autoridades ejercieron hostigamiento público, estigmatización y captura de órganos judiciales para condenarlo como adversario político.

Proceso legal inició en el año 2000

La justicia ecuatoriana procesó al exjefe de Estado tras el congelamiento de depósitos decretado en 1999 previa dolarización.

Aunque la Corte Suprema concedió sobreseimiento provisional en 2006, las instituciones reabrieron la causa penal un año después.

Los tribunales dictaron 12 años de prisión en 2014, reducción a ocho años posterior y ratificación de casación en 2020.

La Corte Constitucional ratificó la condena en firme tras negar una acción extraordinaria de protección en diciembre de 2025.

Defensa cuestiona aplicación del tipo penal

Mahuad sostiene que la justicia aplicó una interpretación forzada y prohibida del delito de peculado al juzgar su gestión.

El exgobernante argumenta que el congelamiento constituyó una decisión de política macroeconómica adoptada bajo amparo y competencias de la Constitución.

La defensa técnica precisa que el decreto presidencial no dispuso ni distrajo recursos públicos ni generó beneficios patrimoniales personales.

El expresidente señala que la reapertura del juicio respondió a la promesa explícita de encarcelamiento efectuada por el expresidente Rafael Correa.

Exigencias de reparación al Estado

El reclamo solicita declarar la responsabilidad internacional de Ecuador por violar garantías judiciales, debido proceso y libre circulación.

Mahuad pide anular la condena penal, levantar la orden de captura y eliminar los registros judiciales levantados en su contra.

El petitorio exige indemnizaciones financieras, disculpas públicas del Estado, publicaciones oficiales de las resoluciones y garantías para evitar la repetición.