La Fiscalía General del Estado solicitó prisión preventiva para los 10 nuevos procesados en el caso Apagón, también denominado caso Progen, que investiga un presunto delito de peculado relacionado con la contratación de generadores eléctricos durante la crisis energética de 2024.
El pedido fue realizado este martes, 25 de agosto, por el fiscal general encargado, Carlos Alarcón, durante la audiencia de vinculación. Según la Fiscalía, el presunto perjuicio ocasionado al Estado por los contratos investigados supera los USD 104 millones.
Entre las personas vinculadas se encuentran José Manuel De Oliveira, excoordinador jurídico del Ministerio de Energía, y Peter Dreher, quien se desempeñó como asesor del entonces ministro de Energía Roberto Luque.
También consta José Manrique, pareja de Karla Saud, quien ya está procesada dentro de esta causa. Ambos eran propietarios de Astrobryxa, empresa vinculada a las contrataciones de Progen.
Durante su intervención, Alarcón sostuvo que la Fiscalía cuenta con elementos para presumir que nueve de los 10 nuevos procesados habrían participado como autores directos en los hechos investigados.
La audiencia de vinculación comenzó el lunes 24 de agosto y continuará este martes con la exposición de los argumentos de las defensas de los procesados. Con estas nuevas vinculaciones, el número de procesados dentro del caso Apagón asciende a 31 personas.
Fiscalía investiga presuntas irregularidades en contratos con Progen
La investigación se concentra en los procedimientos utilizados para contratar a la empresa estadounidense Progen para suministrar generación eléctrica durante la emergencia energética que atravesó Ecuador en 2024.
De acuerdo con la tesis de la Fiscalía, durante los procesos de contratación se habrían “omitido o evadido procedimientos para favorecer” a Progen, pese a que sus ofertas presuntamente no cumplían con determinadas especificaciones técnicas, económicas y jurídicas.
Pese a las irregularidades que investiga el Ministerio Público, el Estado desembolsó como anticipo el 70 % del valor de los contratos, equivalente a más de USD 104 millones.
La Fiscalía sostiene además que los generadores entregados por la compañía estadounidense no eran nuevos, no cumplían las condiciones técnicas requeridas y nunca llegaron a funcionar.
Las contrataciones se realizaron durante la crisis eléctrica de 2024, cuando Ecuador afrontó extensos racionamientos de energía. Entre septiembre y diciembre de ese año, los cortes programados llegaron en los momentos más críticos a 14 horas diarias.
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