“Buscan que la Ley Económica Urgente pase por el ministerio de la ley”, criticó el asambleísta independiente John Vinueza. Así, criticó que, durante la sesión del jueves 25 de noviembre, los comisionados no recibieron el documento de borrador del informe para segundo debate sino que la sesión se pospuso durante todo el día. Además, dijo que la mesa no contó con la presencia del presidente y vicepresidenta sino con sus alternos. “Juegan a quemar tiempo. La sesión no se instaló nunca porque no querían que se instale”, alertó.
Por ello, el legislador recordó que pasaron un mes completo trabajando a doble jornada para realizar las modificaciones correspondientes al texto.
Sobre el informe de minoría, el asambleísta alertó que tampoco les satisface a sus compañeros. Por ejemplo, el texto incluye que, en lugar de cobrar el impuesto al patrimonio, se cobre un impuesto de 2% a los grupos económicos.
El texto de la ley
Según Vinueza, la ley tiene dos partes sustanciales. La primera consiste en la carga impositiva para recaudar dinero y pagar la deuda al Fondo Monetario Internacional (FMI). Por otra parte, existen los añadidos a la ley que, según el legislador, no se entiende por qué están ahí. Sobre esto último, ejemplificó las concesiones a grandes empresas turísticas de Galápagos.
En el documento, también observó las transacciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI). Así, recordó que si se mantiene una deuda con el SRI, la única forma de superarla es pagando. Sin embargo, indicó que la ley busca que, tras un diálogo con el SRI, se puedan bajar multas, plazos y montos de las deudas. Así, para Vinueza, no se conocen los límites y, tras conocer que existen deudas de grandes grupos económicos que superan los $4.000 millones, estos deudores podrían llegar a acuerdos para no pagar las mismas.