El Pleno legislativo dio luz verde al paquete de cambios normativos en movilidad, aunque rechazó sancionar a motociclistas de delivery no registrados.

La Asamblea Nacional aprobó reformas a la Ley Orgánica de Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial. El Pleno dividió la votación en dos bloques.

El primer paquete legislativo recibió 87 votos a favor, 50 en contra y dos abstenciones. Este bloque contiene la mayoría de los cambios normativos impulsados.

La decisión busca reorganizar el control vial, regular los dispositivos tecnológicos y modernizar la recaudación en las carreteras del país.

Pleno frena sanciones a repartidores

Los legisladores rechazaron de forma contundente la propuesta reformatoria sexta. Un total de 135 asambleístas votaron en contra y tres se abstuvieron.

La norma rechazada pretendía sancionar a motociclistas de delivery sin inscripción previa en el Registro Nacional de Conductores y Vehículos.

El texto eliminado fijaba una multa del 15% de un salario básico unificado. Además, restaba 4,5 puntos a la licencia de conducir.

Control municipal y regulación de fotorradares

La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) evaluará la gestión vial de los municipios. La entidad podrá suspender competencias ante irregularidades o incapacidad operativa.

Los municipios calificados en modelo tipo A operarán medios tecnológicos de control. La norma prohíbe contratar empresas privadas cuya retribución dependa de multas recaudadas.

Las entidades colocarán señalización vertical y horizontal visible a mínimo 500 metros antes de cada fotorradar. El objetivo busca garantizar un enfoque preventivo.

Por otro lado, el Ministerio del Interior integrará el Directorio de la ANT. La medida articulará acciones con la Policía, el ECU911 y los municipios.

Peajes unificados e identificación vehicular

La ley crea el Sistema Nacional Unificado de Recaudación y Gestión de Peajes. La ANT administrará esta plataforma tecnológica obligatoria para todas las concesiones.

El mecanismo estandarizará los pagos, fiscalizará la recaudación financiera y reducirá la congestión vehicular en los puntos de cobro.

Asimismo, la normativa implementará un dispositivo electrónico obligatorio de identificación vehicular. La ANT administrará los datos junto con la Policía Nacional y el ECU911.