Carolina Almeida y Gabriel de Prada, activistas en equidad de género, expusieron los datos de violencia intrafamiliar e impunidad en el programa En Voz Alta.

El entorno familiar constituye el principal espacio de agresión contra la población de la diversidad sexual en Ecuador. Las y los activistas que participaron en el programa En Voz Alta revelaron que el 73,6% de las personas LGBTI+ sufre violencia en sus hogares, pero únicamente el 8,8% acude a denunciar ante la Fiscalía General del Estado.

Prevalencia de la violencia psicológica

Las cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) muestran que el maltrato verbal y emocional lidera las conductas violentas. Cerca del 89% de las personas encuestadas afirmó haber recibido agresiones psicológicas debido a su orientación sexual o identidad de género.

El activista trans Gabriel de Prada, presidente de la Fraternidad Transmasculina Ecuador, explicó que estos ataques nacen de prejuicios sociales que afectan la vida cotidiana de las víctimas. De Prada señaló que los cuestionamientos sobre la ropa o la apariencia física reducen las oportunidades de empleo.

“Solo el 8.8% de la población que ha sufrido violencia ha hecho una denuncia (…) el 24.5% no la hizo porque no consideró que fuera una situación tan grave”. — Gabriel de Prada

Barreras institucionales en la Fiscalía

El estudio advierte sobre la profunda desconfianza de las personas agredidas hacia las autoridades de justicia. El 24,5% de las víctimas decidió no presentar denuncias formales al considerar que los organismos estatales minimizarían sus casos.

Asimismo, la activista e investigadora Carolina Almeida sostuvo que las personas que acuden a las dependencias judiciales afrontan tratos discriminatorios por parte de los funcionarios y las funcionarias. Almeida denunció que las unidades operativas suelen negar la identidad de género y los nombres elegidos de las personas trans.

“El 73.6% de la población lo ha sufrido [la violencia intrafamiliar]… es preocupante qué estamos haciendo como familia”. — Carolina Almeida

Graves Secuelas en la Salud Mental

Las agresiones continuas deterioran de forma directa la salud emocional de las personas afectadas. Las estadísticas señalan que el 51,5% de la población LGBTI+ que padeció maltratos requiere acompañamiento psicológico profesional.

De Prada alertó que el hostigamiento escolar contra estudiantes de la diversidad sexual genera graves problemas de salud mental y suicidios. Por ello, las y los activistas exigieron incluir programas de educación inclusiva en las escuelas del país.

Discriminación en la Contratación Laboral

Las organizaciones demandaron modificar las políticas públicas para garantizar el empleo digno a las personas diversas. De Prada cuestionó que los empleadores y las empleadoras evalúen la expresión de género en lugar del talento profesional.

“¿A quién le importa qué hay debajo del pantalón? Lo más importante es la capacidad que tiene la persona de hacer su trabajo”. — Gabriel de Prada

Finalmente, las y los integrantes de los colectivos instaron al Estado a utilizar las estadísticas oficiales para diseñar leyes protectoras. El programa En Voz Alta se transmite cada semana para abordar la equidad de género y los derechos humanos en el país.