La defensa del expresidente Abdalá Bucaram busca impedir que la Policía ejecute inmediatamente su orden de aprehensión cuando abandone la clínica.

Su esposa, María Rosa Pulley, presentó un hábeas corpus contra el Tribunal de Garantías Penales que dispuso la medida. El recurso ingresó el 4 de septiembre. 

La orden surgió después de que Bucaram no compareciera por sexta ocasión a la audiencia para conocer la resolución del caso Pruebas Covid-19. Actualmente, el exmandatario permanece hospitalizado por problemas cardíacos. 

Hábeas corpus pide una valoración médica para Bucaram

La defensa no plantea únicamente dejar sin efecto la aprehensión. También busca evitar que la Policía ejecute la medida automáticamente después del alta hospitalaria.

En concreto, solicita que Bucaram reciba primero una valoración médica actual, objetiva y especializada. Además, pide garantizar la continuidad de su tratamiento y un periodo adecuado de recuperación. 

El expresidente, de 74 años, permanece internado en la Clínica de Especialidades Borja. Su familia informó que atravesó una intervención relacionada con un dispositivo cardíaco a finales de agosto. 

Tribunal ordenó vigilancia permanente

El Tribunal tomó medidas el 3 de septiembre después de otro intento fallido por reinstalar la audiencia.

Los jueces dispusieron que el Bloque de Búsqueda de la Policía mantenga vigilancia permanente en la clínica. Una vez que Bucaram reciba el alta, los agentes deberán aprehenderlo para garantizar su comparecencia. 

La defensa, por su parte, había solicitado aplazar la diligencia hasta después del 24 de septiembre. Como alternativa, propuso una comparecencia telemática, siempre que exista autorización médica. 

Caso Pruebas Covid-19 continúa sin resolución

El proceso se relaciona con la presunta comercialización irregular de aproximadamente 21.000 pruebas rápidas durante la emergencia sanitaria de 2020.

La Fiscalía acusa a Bucaram, a su hijo Jacobo y a otras dos personas de presuntamente colaborar con una estructura de delincuencia organizada. Según la investigación, esta habría obtenido beneficios económicos mediante la comercialización de pruebas e insumos médicos. 

El juicio comenzó en abril de 2025, aunque la causa se remonta a 2020. Desde entonces, diferentes circunstancias han impedido que el Tribunal complete la diligencia para comunicar su resolución. 

Ahora, además del proceso penal, la justicia deberá resolver el hábeas corpus presentado en favor del expresidente.