JUSTICIA PORTADA

Daniel Salcedo denuncia presiones desde la Cárcel del Encuentro

El sentenciado afirma poseer grabaciones contra funcionarios gubernamentales tras la suspensión de una audiencia telemática en Santa Elena.

Daniel Salcedo, sentenciado por corrupción, utilizó una conexión telemática de Zoom para denunciar presuntos intentos de silenciarlo. Las declaraciones ocurrieron durante una diligencia judicial no instalada desde la Cárcel del Encuentro.

Salcedo afirmó poseer grabaciones de altos funcionarios del Ejecutivo. Según su testimonio, autoridades estatales le exigieron mentir sobre el alcalde suspendido de Guayaquil, Aquiles Álvarez.

El privado de libertad vinculó su traslado penitenciario a su negativa de emitir dichas declaraciones. Asimismo, aseveró conocer datos decisivos sobre el asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio.

Interrupción de la señal y anuncio de acciones legales

Su abogada advirtió la presencia de medios de comunicación en la sala virtual. Salcedo aprovechó ese momento para emitir su mensaje antes de la intervención de un custodio.

Un hombre con el rostro cubierto cortó la transmisión cuando los periodistas formularon preguntas. La desconexión abrupta impidió profundizar en los detalles de las acusaciones planteadas.

El procesado anunció que interpondrá un recurso de habeas corpus. En esa futura intervención, Salcedo prevé exponer durante siete horas sobre casos de corrupción hospitalaria y el crimen de Efraín Ruales.

Sentencias y proceso de extradición a Estados Unidos

Salcedo cuestionó su posible extradición pese a que él mismo aceptó el trámite. La justicia estadounidense lo requiere por presunto tráfico de cocaína, blanqueo de capitales y posesión de armas de guerra.

En Ecuador, Salcedo acumula condenas por peculado, delincuencia organizada, lavado de activos y fraude procesal. Las investigaciones del caso Metástasis confirmaron su pertenencia a la red delictiva liderada por Leandro Norero.

Actualmente, las autoridades judiciales lo procesan como presunto autor intelectual en el magnicidio de Fernando Villavicencio. Su permanencia en el centro de máxima seguridad rige desde junio de 2026.

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