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Justicia prohíbe a Solanda Goyes salir del país por presunto tráfico de influencias

Justicia prohíbe a Solanda Goyes salir del país por presunto tráfico de influencias

La Justicia dispuso la prohibición de salida del país y presentaciones periódicas cada 15 días para Solanda Goyes, exvocal del Consejo de la Judicatura (CJ), luego de que la Fiscalía formulara cargos en su contra por presunto tráfico de influencias. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días.

La audiencia se desarrolló el lunes 28 de septiembre en el Complejo Judicial Norte, en Quito. Con la formulación de cargos comenzó formalmente la etapa de instrucción, durante la cual la Fiscalía continuará recopilando elementos relacionados con el caso.

Fiscalía investiga contratación de su hijastra

La investigación se concentra en hechos ocurridos en 2021, cuando Goyes se desempeñaba como directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia del Consejo de la Judicatura, cargo que ejerció desde 2019 hasta febrero de 2024.

Según la tesis de la Fiscalía, Goyes habría gestionado la contratación de su hijastra mediante un nombramiento provisional para trabajar en un proyecto de cooperación internacional valorado en 120.000 euros. El Ministerio Público sostiene que la persona contratada no habría cumplido con el perfil ni con la experiencia requeridos para el puesto.

Investigación continuará durante 90 días

Además de prohibirle abandonar Ecuador, el juez ordenó que Goyes se presente cada 15 días ante la autoridad correspondiente. La instrucción fiscal tendrá una duración de 90 días, periodo en el que Fiscalía podrá incorporar nuevos elementos a la investigación.

Goyes llegó a ser vocal principal del Consejo de la Judicatura y permaneció en esa función hasta septiembre de 2025. Previamente había ejercido como directora nacional de Acceso a los Servicios de Justicia.

La exvocal ha cuestionado públicamente el proceso en su contra. Antes de la formulación de cargos presentó una acción de protección relacionada con el procedimiento y ha rechazado los señalamientos realizados sobre su gestión.

El proceso se encuentra en una etapa inicial y, hasta el momento, no existe una sentencia que establezca responsabilidad penal de Goyes por los hechos investigados.

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