El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 29 de septiembre, con 88 votos a favor, el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para la Prevención y Erradicación del Reclutamiento, Uso o Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes. La normativa plantea endurecer las penas contra quienes utilicen a menores para actividades delictivas e incorpora medidas de prevención y control.
La iniciativa había sido presentada en enero de 2026 y llegó al segundo debate después de su trámite en la Comisión de Transparencia. La propuesta recibió el respaldo de legisladores de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), Partido Social Cristiano (PSC), Pachakutik e independientes. La Revolución Ciudadana se abstuvo en la votación.
Penas podrían llegar hasta 26 años
Durante el debate, la presidenta de la Comisión de Transparencia, Diana Jácome, señaló que en lo que va de 2026 más de 2.000 niños, niñas y adolescentes han sido aislados por su participación en algún tipo de delito.
Uno de los principales cambios aprobados está relacionado con las sanciones para los adultos que recluten o utilicen a menores en actividades delictivas. Según Jácome, en los casos más graves las penas podrían ubicarse entre 22 y 26 años de prisión, frente al rango de entre 10 y 13 años señalado actualmente para esta conducta.
La reforma busca combinar las sanciones penales con medidas destinadas a prevenir la captación de menores por estructuras delictivas. El tratamiento legislativo del proyecto se ha centrado precisamente en el reclutamiento, utilización y captación de niños y adolescentes por estos grupos.
Bloqueo de direcciones IP por reclutamiento
Entre las medidas incluidas consta la posibilidad de bloquear direcciones IP cuando se detecten contenidos relacionados con el reclutamiento de menores en redes sociales, previa intervención de la autoridad competente. Jácome sostuvo durante el debate que el Estado debe actuar ante publicaciones utilizadas para atraer a jóvenes hacia actividades delictivas.
La normativa también establece acciones para los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), entre ellas definir perímetros y retirar símbolos relacionados con organizaciones criminales en los alrededores de establecimientos educativos. Además, plantea que los municipios adopten ordenanzas para impedir en eventos públicos actos que constituyan apología del delito.
Revolución Ciudadana cuestionó endurecimiento de penas
Durante el debate, el asambleísta Blasco Luna, de la Revolución Ciudadana, cuestionó que el incremento de las sanciones penales sea suficiente para enfrentar el reclutamiento de menores y calificó ese enfoque como “populismo penal”.
Luna sostuvo que también se requieren políticas públicas e inversión dirigidas a niños y adolescentes en condiciones de vulnerabilidad. La bancada cuestionó además el mecanismo de bloqueo temporal de direcciones IP y planteó, como alternativa, restringir el acceso a redes sociales para menores de 15 años.
También expresó reparos frente a posibles sanciones a padres que no controlen los contenidos que consumen sus hijos en internet, argumentando que existen hogares donde los adultos no pueden ejercer una vigilancia permanente. El texto finalmente fue aprobado después de unas cinco horas de debate.
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