Por: Héctor Calderón

Las señales están ahí. Hagamos un repaso de los últimos acontecimientos.

El 14 de septiembre de 2026, varios sectores de Quito sufrieron cortes imprevistos después de que Coca Codo Sinclair redujera su generación por un aumento extraordinario de sedimentos. CENACE ordenó un deslastre de carga temporal y la central, con 1.500 MW de capacidad instalada, tuvo que bajar su aporte. Días después, el Gobierno confirmó nuevas restricciones. Desde el 22 de septiembre, alrededor de 150 empresas e industrias de alto consumo empezaron a tener desconexiones de un día por semana para preservar el embalse de Mazar durante el estiaje. La medida busca reducir entre 600 y 1.000 MW de demanda. Y el 24 de septiembre, el ministro Juan Carlos Blum pidió a los hogares reducir alrededor del 10 % de su consumo eléctrico y dijo que “no es el momento de campeonatos de fútbol en la noche”.

Entonces la pregunta es inevitable: ¿De verdad existe un plan estructural para evitar los racionamientos? Recordemos que, en enero de 2024, la Asamblea aprobó, con 131 votos, la Ley Orgánica de Competitividad Energética, promocionada políticamente como la ley “No Más Apagones”. Su objetivo era aumentar generación, atraer inversión y evitar futuras crisis eléctricas.  Pero dos años después, seguimos hablando de restricciones, ahorro forzado y empresas desconectadas.

Y además está PROGEN. En el llamado Caso Apagón, la Fiscalía investiga contratos de emergencia para Salitral y Quevedo por un total de USD 149,1 millones. Según la tesis fiscal, se pagaron anticipos por más de USD 104 millones por equipos que no habrían cumplido las condiciones técnicas y que no entraron en funcionamiento. Hasta el 27 de agosto de 2026, la Fiscalía reportó 31 personas procesadas por presunto peculado en esta causa, ninguno de ellos autoridades con responsabilidad política.

Por eso la preocupación no es ideológica. Es práctica. Ecuador ya vivió apagones severos. Tuvo tiempo para planificar. Tuvo una ley. Tuvo contratos de emergencia. Y hoy vuelve a pedirle a la gente que consuma menos.

Un país no puede llamar “plan energético” a cruzar los dedos para que llueva. Y mucho menos puede conformarse con una ley llamada “No Más Apagones” si, dos años después, el miedo a que vuelva la oscuridad sigue intacto.

Como ya es costumbre, no hay responsabilidad de Noboa ni de su gobierno.