Por: David Tapia, Abogado, politólogo y gestor público

El Ecuador atraviesa una de sus coyunturas más críticas y complejas de los últimos años. Lo que desde el gobierno se intenta maquillar con anuncios de rebajas mínimas y controladas en los precios de los combustibles, en la realidad cotidiana se traduce en una profunda crisis social, energética, sanitaria y de inseguridad que golpea sin piedad a las familias y a los sectores productivos. La estrategia oficial busca desviar la atención y disfrazarse de humanidad gubernamental, lo que en el fondo parece ser un cálculo político electoral milimétricamente trazado.

El país enfrenta enormes desafíos energéticos que no pueden ocultarse. La crisis eléctrica actual no solo responde al estancamiento en la creación de nueva generación, y a la corrupción de casos como PROGEN, sino también a una demanda creciente que, en países en desarrollo, debería ser una buena noticia de progreso, pero que aquí choca contra un muro de incapacidad y falta de oferta. Las alertas tempranas están encendidas: el caudal del embalse de Mazar disminuye de forma excesivamente rápida, dejándonos a escasos 10 o 15 metros de alcanzar el límite operativo y tener que recurrir a caudales de reserva aventurados.

Ante esta situación crítica, la estrategia estatal de “evitar apagones” ha demostrado ser un rotundo fracaso debido a su visión cortoplacista. La salida no es traer energía costosa, como la importación desde Colombia a un dólar el kilovatio-hora, cuando la hidroelectricidad local cuesta 7 centavos y considerando que el vecino país, por sus propias necesidades energéticas, ya no quiere vender, ni ceder ante empresas de dudosa procedencia. Cuando a compañías serias se les piden soluciones, exigen plazos reales de hasta dos años para instalar equipos nuevos; sin embargo, aparecen actores improvisados como el caso de Progen, prometiendo equipos nuevos en dos semanas, con los desastrosos resultados que el país ya conoce.

A este panorama se suma una burocracia estatal indolente. Mientras el Ministerio de Energía intenta dar autorizaciones, los trámites se estancan. El Ministerio de Finanzas demora hasta un año en otorgar garantías fiscales, y las direcciones zonales tardan dos años en aprobar estudios ambientales, inventando requisitos que no están en los reglamentos. Al mismo tiempo, existen actores políticos locales que bloquean proyectos privados de nueva hidroelectricidad y energías verdes. Este país, rico en potencial energético, tiene en fila cerca de 700 MW listos para construirse por el sector privado, pero están paralizados por la tramitología. Necesitamos pasar de una simple “estrategia de evitar apagones” a una verdadera política de Seguridad Energética Nacional a largo plazo.

Pero la indolencia estatal no se limita a la energía. Se refleja de forma directa y cruel en el colapso del sistema sanitario: no hay salud y la falta de insumos y medicinas es el pan de cada día. Este escenario de precariedad no solo golpea con un abandono sistemático a los pacientes renales, quienes se han visto obligados a mendigar justicia y exigir sus derechos en las calles debido a los gravísimos retrasos en la financiación de sus tratamientos vitales, sino que se extiende a pacientes oncológicos, personas con enfermedades crónicas y miles de ciudadanos que sufren la postergación indefinida de cirugías y atención básica. Mientras el régimen prioriza y despilfarra recursos públicos millonarios en mejorar la imagen propagandística del mandatario, se descuida la garantía de la vida, la dignidad y la salud pública de todos.

La indignación crece al analizar el colapsado sector productivo. El Gobierno exige durísimos y crueles sacrificios a la producción nacional mediante planes masivos de desconexión eléctrica que afectan a más de 9 mil empresas. Esta medida golpea severamente cadenas productivas enteras, como el sector lácteo y de alimentos perecibles, donde la imposibilidad de mantener la cadena de frío genera la pérdida diaria de miles de litros de leche y otros productos de primera necesidad. Sin embargo, en un escenario de privilegios incomprensibles, se ha revelado que en los registros oficiales de incumplimiento de estos cortes figuran corporaciones vinculadas a la familia presidencial y al Grupo Noboa, además de entidades públicas estratégicas que han quedado vulnerables.

Frente a este escenario desolador, surge una interrogante ineludible: ¿por qué el silencio en las calles? Resulta un fenómeno sociológico y ciudadano complejo observar cómo la población parece no reaccionar ante estos desórdenes gubernamentales. La sociedad ecuatoriana ha desarrollado una peligrosa tolerancia a las fluctuaciones de los combustibles, a los apagones interminables y a la desatención sanitaria. Más que simple aceptación, este letargo colectivo parece ser el síntoma de una ciudadanía agotada, enfocada en la pura supervivencia diaria y anestesiada por la constante acumulación de crisis, lo que ha terminado por normalizar la ineficiencia estatal y adormecer su capacidad de protesta e indignación.

Aprovechando este silencio ciudadano y frente a este indignante escenario, los candidatos del oficialismo actúan con una ventaja obscena y descarada en vísperas electorales. Utilizando todo el aparato, los recursos logísticos y financieros del Estado, hacen campaña anticipada en territorio. Ofrecen públicamente obras que no salen de su bolsillo, utilizan los ministerios para reuniones con gremios y organizaciones como plataforma y utilizan sus redes para promover planes, programas y proyectos institucionales como si fueran logros personales.

Esta nefasta práctica vulnera por completo la equidad democrática y rompe las reglas del juego republicano. No es aceptable que unos pocos privilegiados jueguen a placer con la chequera fiscal y los reflectores del poder central, mientras las organizaciones y candidatos de oposición compiten amarrados de manos. El Ecuador entero exige con urgencia respuestas claras de sus autoridades y la aplicación inmediata de reglas estrictas que castiguen este abuso institucional. Las próximas votaciones deben reflejar una competencia justa y transparente, no una ventaja abusiva construida sobre el sufrimiento y la crisis del país.