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TCE archiva denuncia contra Roberta Zambrano por presunta entrega de dádivas

TCE archiva denuncia contra Roberta Zambrano por presunta entrega de dádivas

El Tribunal Contencioso Electoral (TCE) archivó una denuncia contra Roberta Zambrano, exprefecta de Esmeraldas y candidata a la Alcaldía del cantón por Acción Democrática Nacional (ADN), por una presunta infracción electoral relacionada con la entrega de donaciones y regalos a ciudadanos. La decisión se adoptó debido a que el denunciante no corrigió varias observaciones realizadas por el juez electoral.

La acusación fue presentada el 6 de octubre de 2026 por Linder Altafuya, ex prefecto de Esmeraldas y exasambleísta cercano a Unidad Popular (UP), quien señaló a Zambrano por una supuesta entrega de dádivas no autorizadas por la autoridad electoral.

El juez Patricio Maldonado, encargado de la causa, concedió al denunciante un plazo de 48 horas para completar y aclarar su escrito. Sin embargo, identificó tres problemas que impidieron continuar con el trámite.

El primero estuvo relacionado con la falta de precisión de la acusación, pues además de mencionar una presunta entrega de regalos, el documento hacía referencia a posibles actos de campaña anticipada, sin establecer si se trataba de una infracción adicional o explicar su relación con los hechos denunciados.

La segunda observación correspondió a las pruebas presentadas por Altafuya. Según el magistrado, el denunciante entregó copias simples de documentos que no reunían las condiciones requeridas para ser incorporadas formalmente al proceso contencioso electoral.

Finalmente, el juez señaló que no se proporcionó una dirección exacta para notificar a Zambrano. Aunque el denunciante adjuntó posteriormente una fotografía del supuesto domicilio de la candidata, esta no permitió determinar su ubicación precisa.

La presunta entrega de dádivas constituye una infracción electoral grave que, de comprobarse, puede sancionarse con multas de seis a diez salarios básicos unificados, destitución y suspensión de los derechos de participación política por hasta seis meses.

La resolución todavía puede ser apelada ante el pleno del TCE, que deberá determinar si corresponde mantener el archivo o disponer la continuación del proceso.

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