La Fiscalía confirmó que la excandidata presidencial figura entre las personas investigadas por presunto lavado de activos. El caso indaga posibles irregularidades en el financiamiento político y los gastos de publicidad durante la campaña presidencial de 2023.
Luisa González, excandidata presidencial y expresidenta del movimiento Revolución Ciudadana, fue detenida la madrugada de este jueves, 22 de octubre, en la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí, como parte de las diligencias relacionadas con el denominado caso Laberinto, una investigación por presunto lavado de activos.
La Fiscalía General del Estado confirmó que el proceso involucra a siete personas investigadas, de las cuales tres enfrentan órdenes de detención con fines de formulación de cargos.
Entre las personas vinculadas con la investigación también Santiago Díaz Asque, exasambleísta de la RC, quien se encuentra en la cárcel por el delito de violación a una menor de edad, y Estefanía Molina, quien llevaba el manejo económico de la campaña. Además de ellos, según la página de la Fiscalía, también es investigado Andrés Arauz, pero no se ha confirmado su detención.
¿Qué investiga la Fiscalía en el caso Laberinto?
El caso Laberinto se centra en presuntas irregularidades en el financiamiento político y el gasto electoral en publicidad durante la campaña presidencial de 2023, en la que González participó como candidata de Revolución Ciudadana.
De acuerdo con la Fiscalía, la investigación busca esclarecer inconsistencias en los aportes económicos y determinar si los recursos utilizados durante ese proceso electoral tenían un origen lícito.
Como parte de las diligencias, el Ministerio Público y la Policía Nacional ejecutaron operativos simultáneos en las provincias de Pichincha y Manabí. La Fiscalía anunció que formulará cargos en las próximas horas contra tres de los investigados por su presunta participación en el delito de lavado de activos.
Las diligencias judiciales se desarrollarán en Quito, ciudad a la que fue trasladada la excandidata presidencial, según reportó Primicias.
Rafael Correa fue el primero en anunciar la detención
La noticia se conoció inicialmente a través del expresidente Rafael Correa, quien la madrugada de este jueves publicó un mensaje en su cuenta de X. “Apresaron a Luisa González. ¡YA BASTAAA!!!!”, escribió el exmandatario.
Posteriormente, fuentes policiales confirmaron la detención de la excandidata en Canuto. De acuerdo con información preliminar difundida por Ecuavisa, González habría sido trasladada inicialmente al hospital Napoleón Dávila, en Chone, para una evaluación médica, y posteriormente a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de ese cantón.
La noticia provocó reacciones dentro de Revolución Ciudadana. La bancada legislativa del movimiento se reunió para analizar lo ocurrido y preparar un pronunciamiento sobre la situación de la exdirigente.
González también es investigada en el caso Caja Chica
La detención se produce mientras la excandidata presidencial enfrenta otras investigaciones judiciales, entre ellas el denominado caso Caja Chica. En ese expediente, la Fiscalía indaga una presunta estructura de delincuencia organizada con fines de lavado de activos, relacionada con el supuesto ingreso de dinero procedente de Venezuela para financiar la campaña presidencial del correísmo en 2023.
Como parte de las diligencias, el 28 de enero de 2026 se allanó la vivienda de González. Posteriormente, en febrero, la Fiscalía intervino la sede de Revolución Ciudadana en Quito para recopilar documentación.
La exdirigente también fue notificada en septiembre de 2026 sobre una investigación previa por presunta omisión de denuncia en razón de su profesión, cargo u oficio.
Aunque el caso Laberinto y el caso Caja Chica abordan presuntas irregularidades relacionadas con recursos electorales, se trata de investigaciones distintas.
Revolución Ciudadana denuncia detención “arbitraria” de González y exige conocer su paradero
Tras el operativo de este jueves, el movimiento Revolución Ciudadana calificó la detención de González de “arbitraria e inconstitucional” y exigió a las autoridades informar inmediatamente sobre su paradero, tras su aprehensión durante la madrugada en la parroquia Canuto, cantón Chone, provincia de Manabí.
A través de un comunicado, la organización política y el equipo de defensa de la excandidata presidencial aseguraron que desconocen su ubicación exacta y que no se habría permitido el acceso de sus abogados.
Según el pronunciamiento, esta situación constituiría una vulneración de las garantías del debido proceso y de los derechos fundamentales de González.
El movimiento responsabilizó al Gobierno Nacional y a las instituciones de seguridad por la integridad física y psicológica de la exdirigente correísta.
La Revolución Ciudadana rechazó la actuación judicial y sostuvo que la causa penal se habría originado en una supuesta discrepancia administrativa de las cuentas de campaña por USD 6.100. La organización cuestionó que observaciones relacionadas con el financiamiento electoral sean investigadas penalmente como posibles delitos de lavado de activos.
Además, acusó a las autoridades de utilizar el sistema judicial para perseguir a dirigentes de oposición. Ante lo que considera una vulneración de derechos, Revolución Ciudadana anunció la activación de medidas cautelares urgentes ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La organización también indicó que notificará a organismos internacionales sobre lo ocurrido y exigió garantías para que González pueda acceder a su defensa técnica.
Entre sus principales demandas constan conocer el lugar donde permanece la excandidata, garantizar la presencia de sus abogados y permitir la intervención de observadores de derechos humanos.
El movimiento convocó, además, a la ciudadanía y a los medios de comunicación a mantener una vigilancia pacífica sobre el desarrollo del proceso.
Gabriela Rivadeneira exige la liberación de González
La actual presidenta de Revolución Ciudadana, Gabriela Rivadeneira, también se pronunció a través de su cuenta de X, donde responsabilizó al Gobierno del presidente Daniel Noboa por la detención. “Exigimos conocer su paradero y su libertad inmediata”, manifestó la dirigente.
Rivadeneira dirigió su mensaje a la comunidad internacional y calificó lo ocurrido como una muestra de persecución contra la oposición.
Por su parte, la Fiscalía mantiene abierta la investigación del caso Laberinto, relacionada con posibles inconsistencias en los aportes y el origen de los recursos utilizados durante la campaña presidencial de 2023.
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