La exfuncionaria y el juez Francisco Morales Garcés fueron sancionados por una sentencia que ordenó a Correos del Ecuador pagar USD 500.000 a una empresa privada. La Corte Constitucional determinó que ambos vulneraron la seguridad jurídica.
El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó este martes, 27 de octubre, a Ivonne Núñez Figueroa, exministra de Trabajo del Gobierno del presidente Daniel Noboa, por incurrir en error inexcusable durante su actuación como jueza de la Sala Especializada de lo Laboral de la Corte Provincial de Justicia del Guayas.
La misma sanción fue impuesta al juez Francisco Morales Garcés, quien participó junto a Núñez en una sentencia emitida el 9 de noviembre de 2021, mediante la cual se ordenó a Correos del Ecuador, entonces en proceso de liquidación, pagar USD 500.000 a una compañía privada.
La destitución se fundamenta en una declaratoria jurisdiccional previa de la Corte Constitucional, que concluyó que los magistrados vulneraron la seguridad jurídica al utilizar una acción de protección para resolver una controversia que debía tramitarse por la vía contencioso-administrativa.
¿Por qué fue destituida Ivonne Núñez?
El origen del procedimiento disciplinario se encuentra en una sentencia de noviembre de 2021, cuando Núñez y Morales integraban la Sala de lo Laboral de la Corte Provincial del Guayas.
En esa resolución, los magistrados aceptaron una acción de protección y dispusieron que Correos del Ecuador, en liquidación, pagara USD 500.000 a la Compañía de Transporte de Carga Pesada El Halcón S.A. (HALCONTRANSA).
Sin embargo, la Corte Constitucional determinó posteriormente que los jueces desnaturalizaron la garantía jurisdiccional al utilizarla para resolver un conflicto que no correspondía a esa vía.
El organismo concluyó que la controversia debía ser examinada por la justicia contencioso-administrativa, encargada de conocer determinados conflictos relacionados con las actuaciones de la administración pública. Por esta razón, consideró que los magistrados incurrieron en error inexcusable al vulnerar el principio de seguridad jurídica.
Corte Constitucional dejó sin efecto la sentencia de USD 500.000
El 4 de diciembre de 2025, la Corte Constitucional emitió la sentencia 174-22-EP/25, mediante la cual dejó sin efecto el fallo cuestionado y declaró la existencia de error inexcusable en la actuación de los dos jueces.
La decisión estableció que la utilización de una acción de protección para resolver una controversia que debía tramitarse por otra vía judicial vulneró la seguridad jurídica.
Esta declaratoria permitió que el Consejo de la Judicatura iniciara el procedimiento administrativo correspondiente, al tratarse de una infracción disciplinaria gravísima contemplada en el artículo 109, numeral 7, del Código Orgánico de la Función Judicial. El sumario administrativo se abrió el 17 de diciembre de 2025.
Posteriormente, el 7 de octubre de 2026, la Dirección Provincial del Guayas del Consejo de la Judicatura recomendó al Pleno la destitución de ambos magistrados. Finalmente, el organismo acogió la recomendación y resolvió separar de sus cargos a Ivonne Núñez y Francisco Morales.
Ivonne Núñez fue ministra de Trabajo durante el Gobierno de Noboa
Además de su trayectoria judicial, Ivonne Núñez ocupó el cargo de ministra de Trabajo durante el Gobierno del presidente Daniel Noboa. La exfuncionaria estuvo al frente de esa cartera de Estado desde el 23 de noviembre de 2023 hasta el 17 de noviembre de 2025.
Su gestión estuvo marcada por decisiones que generaron controversia política, especialmente durante el conflicto entre el Ejecutivo y la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad.
Uno de los episodios más cuestionados ocurrió cuando el Ministerio de Trabajo dispuso la suspensión de Abad por 150 días, bajo el argumento de un supuesto abandono injustificado de sus funciones.
La medida fue posteriormente dejada sin efecto mediante una acción de protección, que también ordenó al Ministerio presentar disculpas públicas a la entonces vicepresidenta.
El error inexcusable es una infracción disciplinaria gravísima prevista en el Código Orgánico de la Función Judicial. Para que el Consejo de la Judicatura pueda sancionar a un magistrado por esta causa, se requiere una declaratoria jurisdiccional previa emitida por el órgano competente.
