La periodista Yadira Aguagallo criticó la función estatal sobre la investigación del asesinato de Efraín Segarra, Paul Rivas y Javier Ortega, equipo periodístico de Diario El Comercio. Así, alertó que ya pasaron más de dos años reglamentarios de la etapa de investigación previa que, tras ampliarse, tampoco presentan resultados sobre las responsabilidades.
La investigación inició el 26 de marzo de 2018. Desde entonces, son 3 años y 8 meses transcurridos desde que fueron secuestrados y trasladados a Colombia previo a su asesinato. “Fue una investigación poco diligente que no establece responsabilidades”, dijo Aguagallo. Además, alarmó que si un crimen contra periodistas queda en la impunidad, produce que puedan existir más agresiones en contra de la prensa. Así mismo, resaltó que solo en octubre de 2021, Fundamedios reportó 24 agresiones a la prensa.
Dentro del caso, han pasado cuatro fiscales. “Este cambio continuo no ha permitido que mantenga el hilo conductor. Se abrió el 26 de marzo de 2018, el día que se confirma el secuestro, la fiscalía lo abre de oficio, fue Wilson Toainga”, explicó la periodista.
Un año después del hecho, la investigación se dirigió a otro fiscal. Posteriormente, dos fiscales más intervinieron en el caso. Sin embargo, hasta ahora no existe una conclusión.
La justicia de Ecuador y Colombia
Aguagallo indicó que no fue sino hasta los últimos meses que el proceso se agilitó. Por ejemplo, citó que del lado ecuatoriano llamaron a rendir versión a los involucrados en el secuestro.
En esa línea, Aguagallo enfatizó que, del lado colombiano, existió mayor agilidad de la justicia. En el vecino país ya se emitieron dos condenas a dos personas involucradas en el secuestro y asesinato. Se trata de alias Cherry y alias Reinel. Por ellos, la Fiscalía de Colombia pidió condenas de más de 25 años.
En este tema, Aguagallo recordó que en 2018 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) estableció un equipo de seguimiento especial para las investigaciones. Así, el equipo entregó conclusiones a las fiscalías tanto de Ecuador como de Colombia “para recomendar enfáticamente revisar las responsabilidades de agentes estatales que pudieron estar involucrados tanto en el secuestro como en el asesinato”. Sin embargo, ni en Ecuador ni en Colombia se fijaron las responsabilidades del estado.
