¿A qué están jugando?

¡Es la pregunta del millón! ¿A qué está jugando el Consejo Nacional Electoral (CNE), en el marco de una desastrosa organización de los comicios del domingo 7 de febrero de 2021?

Es inconcebible que, a un mes y tres semanas de las elecciones presidenciales y parlamentarias, el país no tenga claridad sobre el número definitivo de binomios presidenciales, listas de asambleístas nacionales y de algunas provincias, ni la de parlamentarios andinos. La propia presidenta del CNE, Diana Atamaint, había anticipado que lo ideal era tener todo listo hasta el 15 de diciembre, para que el Instituto Geográfico Militar (IGM) inicie la impresión de papeletas y materiales electorales. Está claro que será imposible cumplir con esa fecha, lo que supone más complejidades al proceso.

El calendario electoral establece claramente las etapas. Una de ellas, del 18 de septiembre al 30 de diciembre, que contempla el registro de candidaturas por parte de las organizaciones políticas, calificación, no calificación, impugnaciones, candidaturas en firme, etc. Son 103 días, luego de los cuales, se supone, todo debe quedar listo para que el 31 de diciembre inicie la campaña electoral. El propio presidente del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Arturo Cabrera, advirtió que “el CNE, de manera ilegal, ha venido desacatando una sentencia sobre un caso específico”. Así, hizo alusión al dictamen del 30 de octubre, que ratificó la vida jurídica del movimiento Justicia Social. Transcurrieron ya 49 días y esa sentencia no ha sido ejecutada por el CNE, denunció el juez Cabrera. Es más, el 8 de diciembre, el TCE emitió un mandato de ejecución de dicha sentencia, que debía ser conocido por el pleno del CNE, con el propósito de definir el cronograma para que Justicia Social haga su democracia interna, registre candidaturas y cumpla los mismos pasos y requisitos que el resto de organizaciones políticas.

No hay interés

El problema es que el CNE no ha tenido interés alguno en acelerar este proceso, y, por el contrario, parece jugar a una deliberada dilación que resulta incomprensible, porque las sentencias del TCE son inapelables y de obligatorio cumplimiento. Viernes y sábado, tres de los cinco consejeros (Enrique Pita, Luis Verdesoto y José Cabrera) no dieron quórum para se instale la sesión de pleno del CNE. El domingo suspendieron la convocatoria sin explicación alguna. Perdieron tres días, que, a estas alturas, resultan valiosos y hasta decisivos para la organización del proceso. ¿Por qué lo hacen? ¿Qué está pasando?

Este escenario de opacidad provoca que un segmento de la opinión pública advierta que detrás de estas dilaciones, estaría la intención de postergar las elecciones, algo que es IMPOSIBLE a estas alturas. Un cambio de fecha de los comicios es causal de nulidad de todo el proceso electoral, conforme el numeral 1 del artículo 143 del Código de la Democracia.

Las suspicacias están presentes, ante el silencio de los consejeros electorales. ¿A qué están jugando?