Tras los amotinamientos en la cárcel del Turi, en Azuay, hubo 20 personas privadas de la libertad (ppl) asesinadas. Así lo confirmó Patricio Carrillo, ministro del Interior, en diálogo con A Primera Hora, de Sonorama.
De acuerdo a los primeros hallazgos, a la mayoría los asesinaron con arma blanca. Así mismo, después que la Policía Nacional ingresó a los pabellones, encontró seis personas en suspensión, uno de ellos murió a causa de envenenamiento.
Según Carrillo, los ppl reconocieron que los secuestraron y posteriormente los suspendieron con el fin de que las autoridades no ingresen a la cárcel. Además, informó que se trata de un confrontamiento entre dos grupos antagónicos, uno que se encuentra en el pabellón de máxima seguridad y otro de mínima seguridad que contiene a algunas células.
En total, fueron 90 ppl aislados con lesiones menores que, gracias al ingreso de la policía, evitaron secuestrarlos y posiblemente asesinarlos. También, con las requisas, las autoridades identificaron más de 200 indicios balísticos que permitió tener una idea del número de armas utilizadas.
Las acciones
Para Carillo, los sucesos en la cárcel del Turi provocaron no solo crisis al interior del centro penitenciario, sino que también desestabilizó la seguridad en el país por la movilización de policías.
Los cuerpos de los ppl asesinados están actualmente en el centro forense, donde iniciaron las autopsias y las autoridades se encuentran trabajando en diferentes protocolos como el otorgar ayuda psicosocial y económica a los familiares para que puedan retirar los cuerpos.
Carrillo resaltó el trabajo de la Comisión para la Pacificación en las Cárceles. Así, destacó que, gracias a esta organización, diferentes ppl prefirieron no participar de los enfrentamientos y, por el contrario, no abandonaron sus celdas. Por ello, el ministro indicó que no hubo más víctimas.
En esa misma línea, lamentó que la única institución que no se presentó fue la Defensoría del Pueblo. Así, hizo un llamado para que acompañen a los trabajos y que sean la institución que garantice el respeto a los Derechos Humanos.