El alcalde Pabel Muñoz presentó formalmente una demanda ante la Corte Constitucional este miércoles 4 de marzo de 2026. Esta acción judicial busca anular las recientes reformas al Código Orgánico de Organización Territorial (Cootad). El burgomaestre actúa bajo el respaldo del Concejo Metropolitano, que aprobó impugnar la normativa por mayoría absoluta.
Un ataque a la autonomía financiera
Muñoz sostiene que la nueva ley vulnera la autonomía política y administrativa de los municipios. Según el funcionario, el Gobierno intenta imponer una regla fiscal sobre los recursos propios de los cabildos. Por esta razón, el alcalde calificó la medida como una violación directa a la Constitución vigente. “Defendemos los instrumentos institucionales en representación del pueblo quiteño”, afirmó Muñoz en los exteriores del tribunal.
Cifras de un posible “jaque mate” económico
El impacto financiero para la capital resulta alarmante según los cálculos municipales. Si la ciudad cumple la nueva norma, Quito deberá recortar USD 459 millones de su presupuesto anual. Por el contrario, el incumplimiento generaría multas que ascienden a los USD 77 millones.
Además, el alcalde criticó la visión limitada de la reforma sobre la inversión pública. La normativa solo reconoce como inversión a la infraestructura física o “ladrillos”. En consecuencia, el mantenimiento de servicios básicos como el agua potable quedaría desprotegido legalmente.
Cuestionamientos al trámite legislativo
El burgomaestre lanzó duras críticas contra la Asamblea Nacional por el manejo del proyecto. Aseveró que la “urgencia económica” responde a exigencias del FMI y no a necesidades ciudadanas. De igual manera, denunció que el Legislativo sesionó de forma telemática durante el feriado de Carnaval. Este mecanismo, según Muñoz, buscó evitar el debate y la participación de alcaldes y prefectos con experiencia.
Vigilancia y frente común
Pabel Muñoz anunció que el municipio actuará bajo la figura de amicus curiae. De este modo, la alcaldía vigilará que la Corte Constitucional actúe con estricto apego al derecho. Esta demanda se suma a los procesos iniciados por la Prefectura de Pichincha, Pachakutik y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT). Todas estas organizaciones configuran ahora un frente unido contra los cambios al Cootad.
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