Los funcionarios provinciales respaldan la acción de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional y defienden la autonomía de los gobiernos locales frente a las recientes modificaciones legales.
En una Asamblea General Extraordinaria celebrada el 5 de marzo de 2026, los funcionarios del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) de la Provincia de Pichincha resolvieron sumarse a la defensa de la institucionalidad y la autonomía de los GAD de todo el país. La decisión surge como respuesta directa a la reciente reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD).
Respaldo a la demanda de inconstitucionalidad
La Asociación de Empleados del H. Consejo Provincial de Pichincha acompañó formalmente la presentación de una demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Según el gremio, esta medida busca garantizar el respeto a la Constitución y al orden institucional, elementos que consideran la base de una democracia sólida.
Los funcionarios recalcaron que su postura es autónoma y responsable. En el comunicado, aclararon que sus decisiones “no responden a consignas partidistas”. En su lugar, afirman responder únicamente a principios de respeto por la institucionalidad pública y el compromiso de servicio a la ciudadanía.
Preocupación por el impacto en las comunidades
El gremio enfatizó que el trabajo territorial diario, que incluye vialidad rural, riego, apoyo al sector productivo y programas sociales, depende directamente de la autonomía institucional. “Cuando se debilita la autonomía de los GADs, se debilita también la capacidad para responder a las comunidades”, advirtieron los servidores públicos.
Derecho a la manifestación y rechazo a presiones
El comunicado, emitido en Quito, reafirma el derecho de los servidores públicos a expresar sus preocupaciones y manifestarse de forma pacífica. Los empleados subrayaron que tienen el derecho ciudadano a ser escuchados cuando consideran que las decisiones públicas afectan el servicio a la gente.
Asimismo, la asociación fue enfática en rechazar cualquier intento de amedrentamiento. “Ninguna autoridad nos ha obligado a asumir esta posición”, sentenciaron, destacando que actúan como profesionales con criterio propio. El documento concluye señalando que defender la institucionalidad no es un acto político-partidista, sino una responsabilidad con la democracia y el país.
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