El abogado Ramiro García, defensor del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, denunció este martes presuntas irregularidades en las condiciones de detención de su cliente en la denominada Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena.
El jurista señaló que logró reunirse con el burgomaestre luego de que inicialmente se le impidiera el ingreso al centro penitenciario, pese a contar con una autorización oficial.
En un video difundido en su red social X, García explicó que pudo acceder al centro carcelario una hora y media después del horario autorizado por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI).
Según indicó, el retraso se debió a una supuesta falta de coordinación entre la institución penitenciaria y las Fuerzas Armadas.
“Acabo de salir de la Cárcel del Encuentro, a la que me permitieron acceder una hora y media más tarde de la que originalmente el SNAI había determinado a través de correo electrónico”, manifestó el abogado.
Más temprano, el jurista había denunciado públicamente que, pese a portar el permiso oficial, las autoridades no le permitían ingresar al centro penitenciario.
Denuncian aislamiento del alcalde de Guayaquil
Tras la reunión con su defendido, García aseguró que Alvarez se encuentra en condiciones de aislamiento total dentro del centro de privación de libertad. “Primero que nada, que se encuentra en total aislamiento. Y segundo, que no tiene ningún acceso ni a patio ni a la posibilidad de salir al sol ni dos minutos al día”, afirmó.
El abogado señaló que durante los dos días que el alcalde ha permanecido en ese centro penitenciario no ha podido salir de su celda. “Estos dos días que ha pasado ahí no ha salido de su celda y no se ha dispuesto de ninguna manera un horario para que pueda salir”, indicó.
A criterio del defensor, estas condiciones de detención podrían constituir una vulneración de estándares internacionales sobre derechos de las personas privadas de libertad. “Bajo estándares internacionales de privación de libertad, esto califica como una forma de tortura”, sostuvo.
Al respecto, García informó que presentará una solicitud formal ante el SNAI para que se revise de manera urgente la situación. “El día de hoy presentaremos una petición formal por escrito ante el SNAI para que se resuelva este tema urgente”, aseguró.
Un mes marcado por giros judiciales
La situación judicial del alcalde de Guayaquil cambió el pasado 10 de febrero, cuando fue detenido dentro de las investigaciones del denominado caso Goleada.
Durante ese operativo, la Policía encontró su grillete electrónico en el piso, junto a su cama, hecho que fue determinante para que el juez Jairo García dictara prisión preventiva.
Posteriormente, el 8 de marzo, un tribunal dentro del caso Triple A emitió una segunda orden de encarcelamiento luego de que la Fiscalía presentara registros del dispositivo de vigilancia que evidenciarían 2.769 alertas e incumplimientos.
Tras esta decisión judicial, el SNAI dispuso el traslado del funcionario desde el centro penitenciario de Latacunga hacia el nuevo centro de máxima seguridad en Santa Elena.
Audiencias suspendidas retrasan apelación
El proceso de apelación en el caso Goleada continúa sin fecha definida debido a varias suspensiones administrativas.
La primera audiencia se frustró por la ausencia del fiscal Dennis Villavicencio, quien se encontraba participando en un evento de la OCDE en Brasil.
Posteriormente, una segunda diligencia fue suspendida debido a que los jueces titulares asistieron a un congreso en Panamá y los magistrados subrogantes no pudieron instalar la audiencia por conflictos de agenda.
Hasta el momento, la Función Judicial no ha anunciado una nueva fecha para analizar el recurso presentado por la defensa del alcalde.
Concejo de Guayaquil mantiene subrogación en la Alcaldía
Mientras Alvarez permanece recluido, el Concejo Municipal de Guayaquil extendió su licencia sin sueldo hasta el próximo 26 de marzo.
Durante ese periodo, la vicealcaldesa Tatiana Coronel asumirá la subrogación de la Alcaldía para garantizar la continuidad administrativa del municipio.
El debate jurídico se centra ahora en la posible aplicación de precedentes como el caso de la prefecta Paola Pabón, que permitiría a Alvarez mantener la titularidad del cargo mientras no exista una sentencia ejecutoriada que determine su inhabilitación.
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