Por: Wilson Benavides Vásquez, analista político
Según la psicología clínica, los “actos fallidos” son ideas o deseos inconscientes a través de los cuales una persona expresa algo distinto o contrario a lo que quería hacer inicialmente. A nivel social -donde manda el inconsciente colectivo- estos actos van tejiendo los hilos que conectan nuestras culturas políticas con el sistema institucional y la democracia.
Los dos intentos que -en menos de un año- ha emprendido la Asamblea Nacional para sacar del poder al presidente de la República, Guillermo Lasso, luego del paro nacional de junio de 2022 y tras el reciente escándalo mediático por la publicación del caso Gran Padrino en 2023 que ahora es investigado por la Fiscalía como caso Encuentro, son el claro reflejo de estos “actos fallidos”.
A mediados del año pasado, el Parlamento pretendió activar el numeral 2 del artículo 130 de la Constitución que señala que la Asamblea podrá destituir al Presidente por “grave crisis política y conmoción interna”, para lo que obtuvo 80 de los 92 votos necesarios. La abstención del Partido Social Cristiano, otrora aliado electoral del régimen, fue determinante para que el primer mandatario continúe en su cargo.
El segundo intento -que aún está en marcha al menos en teoría y se inició luego de la derrota del gobierno en el referéndum del pasado 5 de febrero- busca activar un juicio político contra el presidente con base al numeral 2 del artículo 129 de la Norma Suprema, y se respalda en un informe de una Comisión multipartidista integrada para investigar el caso Gran Padrino. Este documento, inicialmente recomendó aplicar el numeral 1 del mencionado artículo que establece que el mandatario puede ser enjuiciado políticamente por “delitos contra la seguridad del Estado”, para lo cual sugirió que el presidente cometió el delito de “traición a la patria”, establecido en el Código Integral Penal, lo que mereció una serie de críticas de distintos sectores, que obligó a la Comisión a modificar la causal.
Lo cierto es que el informe de la Comisión fue aprobado el pasado 4 de marzo con 104 votos a favor de las bancadas de RC, PSC, Pachakutik e ID, pese a que algunos de sus legisladores cuestionaron su contenido, que finalmente aprobaron.
A menos de una semana de esa decisión, tres de estas cuatro organizaciones políticas ya han anunciado públicamente sus dudas respecto de continuar con el proceso, cuyo trámite -de acuerdo con la Ley Orgánica de la Función Legislativa- debe ingresar formalmente con el respaldo de al menos 46 firmas al Consejo de Administración Legislativa (CAL) para que lo califique y solicite a la Corte Constitucional el dictamen de admisibilidad establecido en el mismo artículo 129 de la Constitución, una vez de lo cual el tema se tramite en la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional.
¿Por qué ese cambio de opinión de las bancadas legislativas en tiempo récord? ¿La psicología puede explicar la intención de los asambleístas de querer “hacer una cosa” y terminar “haciendo otra”? o; de repente, ¿reapareció el mito del “hombre del maletín” para cambiar sus voluntades? Preguntas que surgen a la luz de una compleja coyuntura postelectoral, con un gobierno investigado por corrupción, debilitado políticamente luego de su derrota en el referéndum y que tiene cifras en rojo ante la ciudadanía, con menos del 12% de credibilidad.
Al parecer, el miedo a un “retorno” avasallador del correísmo continúa siendo el leitmotiv de un importante sector de la clase política, toda vez que si se concreta el enjuiciamiento parlamentario al jefe de Estado a través del artículo 129 de la Constitución, podría ser el propio presidente quien -adelantándose a los legisladores- disuelva la Asamblea Nacional, aplicando el artículo 148 de la Norma Suprema, y en cuyo caso, el Consejo Nacional Electoral convocará a nuevas elecciones, lo que implicaría que las actuales fuerzas parlamentarias puedan perder los escaños que obtuvieron en las Elecciones Generales 2021, más aún cuando la RC obtuvo una importante victoria electoral en los recientes comicios seccionales de 2023.
Ese fue justamente el criterio por el cual el PSC, según su propio jefe de bloque, se abstuvo -en junio de 2022- de apoyar esta misma iniciativa que -en ese entonces- buscaba aplicar el artículo 130 de la Constitución.
Otra hipótesis del porque se está diluyendo el juicio político contra el presidente Lasso tendría que ver con los intereses inmediatos de los legisladores y sus partidos por captar espacios de poder al interior de la Asamblea Nacional, que en mayo próximo debe renovar a sus autoridades internas, incluyendo el CAL y las presidencias y vicepresidencias de las Comisiones Legislativas Permanentes. En este caso, la estructura de incentivos ya no provendría directamente del Ejecutivo, sino de la negociación interparlamentaria directa, donde las agendas locales que impulsarán los legisladores con miras a su posible reelección en 2025, serán claves.
En el plano de la realidad empírica, al agotarse las vías institucionales para solventar la crisis política (artículo 130 de la Constitución luego del paro nacional de 2022 y artículo129 en la actualidad tras el caso Gran Padrino) serán las calles el escenario de la contienda política donde el movimiento indígena dividido o no continuará siendo una sombra del sistema institucional.
La opinión de Wilson Benavides.
