Marcela Aguiñaga, presidenta de Revolución Ciudadana, señaló que la muerte cruzada es una facultad jurídica que el presidente Guillermo Lasso puede usar constitucionalmente. “Cada vez que las cosas no le salen al presidente como quiere comienza el discurso de la conveniencia de la muerte cruzada”, criticó. Así, resaltó que este recurso es una forma de presionar desde el gobierno hacia los legisladores.
Santiago Basabe, politólogo, indicó que la muerte cruzada es un instrumento jurídico valioso para generar gobernabilidad y destrabar tensiones. “Esto se aplica para países que son de régimen parlamentarista, ahí funciona muy bien la muerte cruzada”, dijo. La muerte cruzada no debe generar desestabilidad, lo que sucede es que se elige un nuevo ministro y gabinete, pero la vida política del país continua cuando se ha resuelto el problema, explicó. Así, puntualizó que el problema es que en Ecuador se incrustó esta herramienta política sin ningún criterio.
Introducción de la muerte cruzada a la Constitución
“En Ecuador es una suerte de generar una figura legal que ponga un equilibrio, hay que recordar que hace poco nos vendieron la idea de mejorar la gobernabilidad”, mencionó. Así, indicó que es un mecanismo que no se debe satanizar y aún no ha sido usado en Ecuador por esto no se puede cuestionar cómo funciona. “¿Cómo se puede generar gobernabilidad con el dispersamiento del voto que tenemos?”, cuestionó. También, resaltó que Revolución Ciudadana considera que la muerte cruzada es la solución a los problemas inmediatos. “El presidente no tiene la fuerza política para ejecutarla si se queda gobernando hasta seis meses, los decretos pueden ser derogados”, dijo.
Así, Basabe señaló que este recurso es una decisión política del gobernante de turno. “No existen términos teóricos del por qué está colocada la muerte cruzada en la Constitución”, criticó. Además, enfatizó que si se desarrolla la muerte cruzada existiría mucha desestabilidad en el país. “Existe un problema con el número excesivo de organizaciones políticas que tiene el país, no puede ser que un país pequeño tenga casi 300 organizaciones políticas”, criticó.