Para el jurista Juan Pablo Alban, la situación crítica en las cárceles lleva cocinándose hace muchos años, pero a partir del 2019 la situación de violencia se exacerbó. Esto produjo que en 2020 existan 46 muertes y en 2021, 317. Ello sin contar con los heridos que puso en manifiesto la imposibilidad de atender la situación carcelaria.
Tras una visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) constató los factores que motivaron la crisis carcelaria. Realizó un informe con recomendaciones que “esperamos que el gobierno implemente”.
El abogado explicó que, si bien el informe tiene una sección que reconoce las medidas implementadas de dos decretos otorgando indultos, la creación de Comisión para la Pacificación en las Cárceles y la declaratoria de estado de excepción, también observa que hay deficiencias en su implementación. Por ejemplo, en el Ecuador no existe una política criminal. “Yo señalo que no tenemos ni históricamente la política criminal. Esa falta de una postura del Estado frente a la política criminal, frente a los privados de la libertad, esa falta de ingeniería criminal, nos ha puesto en el punto que estamos”, alertó el jurista.
En ese escenario, destacó que el primer paso consiste en la toma de postura y diseño de política criminal. “Gran parte de los fallecidos en las cárceles eran personas sin sentencia o con boleta de excarcelación”, criticó.
“Algunos que mantenían el estado de inocencia de acuerdo al mandato constitucional y que no deberían estar en la cárcel. Las personas deberían defenderse en libertad, salvo que vayan a bloquear el cumplimiento del proceso, amedrentar testigos o desaparecer evidencia. La mayoría de los que fallecieron no tenían sentencia”, reiteró Albán.
La inseguridad en los ciudadanos
Para Albán, desde hace tiempo existe una lógica de populismo penal que hace que el ciudadano sienta que es la solución a todos los males. “Empezó en el gobierno de Correa que en 2007 promueve una descompresión de los establecimientos carcelarios. A partir de la creación de la unidad de gestión de defensa pública penal y el otorgamiento de amnistía que permitió la salida de 5.000 personas. En el ciudadano común ha calado que debe desaparecerse a las personas que nos hacen sentir inseguros, encerrándoles en la cárcel, tirando la llave y olvidándonos de ellos y de sus condiciones”, lamentó el jurista.
Con ello, indicó que existe poca conciencia y medida apropiada para que el ciudadano tenga que enfrentar el encarcelamiento que a veces es injusto. Así, indicó que el informe de la CIDH debe difundirse públicamente para que los ciudadanos conozcan cómo se encuentran las cárceles.
