Alcaldes, prefectos y representantes de gobiernos parroquiales solicitaron este martes el archivo de la propuesta de reforma al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), al advertir que los cambios podrían afectar la inversión social, la ejecución de proyectos comunitarios y la planificación presupuestaria de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
Durante una rueda de prensa conjunta, las autoridades locales señalaron que la iniciativa modificaría la clasificación del gasto público, lo que limitaría la capacidad de los gobiernos seccionales para financiar programas sociales, educativos, deportivos y de salud en distintos territorios del país.
Impacto en inversión social y programas territoriales
El alcalde de Cuenca, Cristian Zamora, indicó que la reforma podría obligar a reducir iniciativas sociales al reclasificar la contratación de profesionales como gasto corriente, lo que dificultaría el cumplimiento de las reglas fiscales aplicables a los gobiernos locales.
En la misma línea, el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, cuestionó el alcance de la propuesta y advirtió posibles inconsistencias legales, señalando que el concepto de inversión planteado para los gobiernos locales difiere del utilizado por el Gobierno central.
Por su parte, la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, sostuvo que la reforma podría afectar programas sociales sostenidos por los gobiernos seccionales y comprometer la continuidad de servicios comunitarios que actualmente cubren necesidades prioritarias en los territorios.
De igual manera, el prefecto de Azuay, Juan Cristóbal Lloret, añadió que la normativa también podría reducir las asignaciones presupuestarias destinadas a los gobiernos subnacionales, afectando la planificación de obras y proyectos de inversión territorial.
La preocupación se extiende a las zonas rurales. Andrei Iza, representante de los Gobiernos Parroquiales, desmintió que su sector no resulte afectado, señalando que la transferencia de recursos desde municipios y prefecturas se vería interrumpida.
“Son más de 3.700 promotores que van a quedar en el desempleo en la provincia de Pichincha”, afirmó, refiriéndose a quienes atienden centros infantiles y escuelas deportivas.
Autoridades solicitan diálogo técnico y revisión de la propuesta
Las autoridades locales pidieron la apertura de mesas de diálogo técnico con el Gobierno y la Asamblea Nacional para revisar el contenido de la reforma y evaluar sus efectos fiscales y operativos antes de su eventual aprobación.
Asimismo, insistieron en que el análisis del proyecto debe considerar el impacto directo en la ejecución de obras públicas, la continuidad de programas sociales y la capacidad de respuesta de los gobiernos locales frente a las demandas ciudadanas, con el fin de evitar retrasos en inversiones territoriales y limitaciones en la prestación de servicios.
Qué propone la reforma al COOTAD
El 28 de enero de 2026, el presidente Daniel Noboa presentó a la Asamblea Nacional el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria al COOTAD para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, con el objetivo de que los GAD destinen progresivamente un mayor porcentaje de sus presupuestos a inversión pública.
La propuesta establece que los gobiernos locales deberán asignar de manera gradual al menos el 70% de su presupuesto institucional a inversión, mantenimiento y reposición de infraestructura y servicios públicos hasta 2029. El cronograma prevé metas de inversión de hasta 60% en 2027, 65% en 2028 y 70% desde 2029. Para los GAD parroquiales rurales se fijan porcentajes diferenciados que alcanzarán el 70% en 2030.
El proyecto también plantea que las transferencias del Presupuesto General del Estado estarán condicionadas al cumplimiento de esta regla. Los gobiernos locales que no alcancen el porcentaje mínimo de inversión recibirían únicamente el piso constitucional de asignaciones —15% de los ingresos permanentes y 5% de los ingresos no permanentes—, en lugar de los porcentajes establecidos actualmente en el COOTAD.
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