“La desarticulación de la institucionalidad es un factor que ha golpeado al sistema penitenciario”, señaló la exministra de Justicia, Rosana Alvarado, en diálogo con A Primera Hora de Sonorama. Lo dijo tras el amotinamiento en la cárcel de Santo Domingo que dejó como saldo 44 reclusos asesinados. Esto, se suman a los más de 300 que murieron en los centros penitenciarios durante el gobierno de Guillermo Lasso.
En esa línea, Alvarado explicó que no solo la eliminación del Ministerio de Justicia influyó en la crisis de las cárceles. Sino que, además, citó la eliminación de los ministerios coordinadores, específicamente el de Seguridad que tenía como competencia establecer la referencialidad, los datos y las estrategias en el trabajo interinstitucional. Además, señaló que existía la mesa de justicia que estaba pensada para coordinar algunas acciones con el Consejo de la Judicatura para que implemente medidas en la rehabilitación y saber los impactos que iban a resultar de las decisiones judiciales. “Fueron medidas que han desencadenado en este horror”, lamentó.
La gestión del gobierno de Lasso
Alvarado cuestionó que no se conoce si el Ecuador tiene o no un sistema de alerta Penitenciaría. Tampoco, el país conoce el sentido del traslado de privados de la libertad. “Son trasladados a la Roca que nunca ha cumplido con estándares de cárcel de máxima seguridad”, alarmó.
“Este es un gobierno que se ha preparado más de 10 años”, recordó la exministra para preguntarse: “¿Cómo estaba concebido el sistema de rehabilitación social en su plan de gobierno?, ¿dónde están los privados de la libertad?, ¿de qué presupuesto estamos hablando?, el presupuesto no puede ser solo para pagar las facturas de alimentación”. Asimismo, responsabilizó al uso de la prisión preventiva como una de las causas de violencia por hacinamiento en las cárceles.
La exfuncionaria también alertó que no se conoce las tareas y reuniones que mantiene el organismo técnico penitenciario que está presidido por el ente rector de Derechos Humanos que le corresponde a la Secretaría de Derechos Humanos, cuya titular renunció el 5 de mayo por conflictos con el Ejecutivo.
