Por: David Tapia, Abogado, politólogo y gestor público

Para mí, abrir un Word cada semana significa poder transmitir ideas y pensamientos que considero fundamentales, desde lo habitual y cotidiano de vivir, hasta lo estudiado, leído, entendido y analizado. Representa la acción de querer ver días mejores para mi país. No representa revanchismo, politiquería, persecución ni nada que se le parezca; no tengo compromisos políticos ni adherencia con nadie. Me considero un socialdemócrata, humanista y amigo de todo lo que contribuya al bien común, sin etiquetas.

Es un poco incómodo escribir sin ser parte de la polarización: por un lado, me tildarán de noboísta, mientras que por el otro, de correísta. Pero más allá de una postura política polarizante o partidista, hoy, como en todos mis análisis, voy a hablar de lo que le falta a nuestro Estado, reconociendo que somos parte de él y que también somos parte del cambio.

Durante estas primeras semanas de octubre, tras revisar diversos libros, informes e incluso documentales sobre la historia republicana del Ecuador y las 20 constituciones que hemos acumulado, una más audaz que la anterior, he constatado una realidad evidente: las cinco «funciones» del Estado están, sencillamente, sin funcionar. Esta inoperancia les arrebata su razón de ser y las convierte en meros poderes estatales serviles al Ejecutivo de turno. Aunque en teoría fueron concebidas en la última Constitución para garantizar un mayor contrapeso político, la realidad de estos últimos 18 años demuestra nuestra incapacidad como país para unirnos y comprender que la democracia abarca mucho más que acudir a las urnas a dar el voto cada cuatro años.

Empiezo por el Poder Legislativo. Lastimosamente, esta función ha sido una de las más mediáticas y, al mismo tiempo, de las que registra los menores índices de aceptación desde su creación, al punto de que cerca del 88 % de los ecuatorianos no se siente representado por este cuerpo colegiado. A pesar de contar con las atribuciones fundamentales de legislación y fiscalización, en los últimos 18 años —salvo contadas excepciones— se ha dedicado a solapar y alcahuetear al Ejecutivo, ese mismo poder que concentra las jefaturas de Estado y de Gobierno durante un periodo de cuatro años, sin cumplir sus funciones de representar los intereses de la ciudadanía.

Continúo con el Poder Ejecutivo, ese que es Jefe de Estado y Jefe de Gobierno, que tiene a su cargo representar al Estado y también a su gobierno, y que para muchos posee facultades desmedidas creando un hiperpresidencialismo. Este poder tiene bajo su mando directo a los ministerios, embajadas y secretarías para dirigir la administración pública y la diplomacia. Además, se consolida con la potestad del veto legislativo para corregir o bloquear leyes de la Asamblea, y la potestad de seguridad, ejerciendo la comandancia suprema de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional para decretar estados de excepción y controlar el orden público.

A su vez, este poder desmedido puede derivar en una autocracia que termine coartando a las demás funciones del Estado. Al existir una asimetría de fuerza tan marcada, los otros poderes terminan doblegándose ante el Ejecutivo, destruyendo el sistema de pesos y contrapesos indispensable para la democracia.

Continúo con el Poder Judicial no menos importante, pues el orden de mención responde a una simple estructura y no a un favoritismo—. Esta función padece problemas de fondo en todos los niveles de administración de justicia, desde los juzgados y tribunales de origen hasta las Cortes Provinciales y la Corte Nacional de Justicia. Con sus contadas excepciones, jueces de diversas instancias se han visto inmiscuidos en casos de prevaricato y en el dictamen de sentencias favorables a causas indefendibles o ligadas a Grupos de Delincuencia Organizada (GDO), beneficiando a delincuentes y personas no aptas para convivir en sociedad.

A esto se suma el infaltable Consejo de la Judicatura, órgano administrativo y disciplinario donde las autoridades de turno han terminado manipulando los concursos y decidiendo de forma arbitraria a quién sancionar y a quién encubrir. En teoría, este órgano debió contar con solo 3 presidentes para sus periodos de 6 años, pero debido a incesantes escándalos de corrupción el país ha tenido un total de 8 presidentes. No menos importante resulta la Fiscalía General del Estado, donde los concursos de selección, amañados y direccionados en el camino, han logrado posicionar a serviles políticos por encima de los postulantes mejor puntuados.

Sigo con el Poder de Transparencia y Control Social, y en particular con el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Esta institución registra una inestabilidad inverosímil: ha acumulado 13 presidentes en apenas 18 años —a un tramo ridículamente corto de la cantidad de mandatarios constitucionales de toda la historia republicana del país—, cuando en teoría, por su diseño institucional, debió contar con solo 6. Esta desmedida rotación, alimentada por incesantes casos de corrupción, pugnas de poder y maniobras políticas, ha terminado dinamitando su función primordial: la designación transparente de las máximas autoridades de control.

En la práctica, la extrema volatilidad interna del CPCCS, sumada al abuso de medidas cautelares, acciones de protección y recurrentes juicios políticos a sus consejeros, ha provocado un auténtico apagón institucional. Los concursos públicos acumulan retrasos intolerables: el país lleva más de 4 años esperando por la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral (CNE), más de 5 años sin un Defensor del Pueblo definitivo, cerca de 5 años de postergación en la renovación de jueces del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y acumuló un histórico de 6 años de interinazgo en la Defensoría Pública. Mención aparte merece el proceso para contar con un Fiscal General legítimo, donde el concurso ha estado marcado por maniobras obscenas en las que los postulantes mejor puntuados terminan siendo descalificados por pretextos insustanciales y ridículos, allanando el camino para favorecer a perfiles serviles al poder de turno. Lo que nació para garantizar la transparencia terminó convirtiéndose en la traba más rígida e inestable para la democracia ecuatoriana.

Por último, pero no menos importante, se encuentra el Poder Electoral, institucionalizado principalmente a través del Consejo Nacional Electoral (CNE). Este poder ha demostrado una incapacidad estructural para cumplir con su mandato constitucional dentro del Estado, al carecer de la capacidad logística y técnica para controlar el uso del gasto electoral y, peor aún, para auditar el origen de los recursos que financian a las organizaciones políticas. Lejos de actuar como un órgano autónomo garante de la democracia y la representatividad ciudadana, la institución se ha mostrado servil al Ejecutivo de turno. Ejemplo de ello es una presidencia enquistada en el poder durante años mediante prórrogas indefinidas, sosteniéndose a través de acuerdos bajo la mesa con los gobiernos de turno para asegurar la conveniencia política mutua por encima de la legalidad y la alternancia institucional.

Después de hablar de cada uno de los poderes del Estado y sus luchas para llegar a ser una verdadera función que guíe y sirva como sistema de contrapesos contra los poderes que tienen sus intenciones oscuras, los cuales siguen dañando al país, nos queda claro que el diagnóstico de nuestras instituciones es devastador, pero el desencanto no puede convertirse en resignación ni en apatía. Si las cinco funciones del Estado terminaron convertidas en poderes serviles y paralizados, fue precisamente porque como sociedad permitimos que la política se redujera al culto a la personalidad y al cálculo electoral cada cuatro años. Superar este colapso exige dejar de lamentar el deterioro institucional y empezar a trazar reformas de fondo que reconfiguren la estructura misma del Estado.

Para erradicar el hiperpresidencialismo, es indispensable debatir la transición hacia un modelo semipresencial o parlamentario que descentralice el poder del Ejecutivo y obligue a la construcción de consensos reales. En la Función Legislativa, la salida pasa por restituir un sistema bicameral que garantice el filtro y la doble deliberación de las leyes, exigiendo niveles rigurosos de preparación académica y experiencia profesional probada para quienes aspiren a una curul.

En el sistema judicial y la gestión de la transparencia, resulta urgente despolitizar los concursos de selección vinculando el nombramiento y la evaluación de autoridades directamente con las universidades y gremios profesionales de reconocida idoneidad, impidiendo que el CPCCS o la partidocracia sigan manipulando las designaciones. Finalmente, la Función Electoral requiere una reforma integral al Código de la Democracia que dote al CNE de capacidad logística real para rastrear el dinero ilícito en las campañas, sancionar la financiación opaca y depurar de una vez por todas el registro de organizaciones políticas.

Me niego a aceptar que el futuro del Ecuador deba debatirse únicamente entre las trincheras de una polarización estéril. Apostar por el humanismo, la equidad y el bien común no es un capricho ideológico, sino la exigencia básica de contar con un país donde las reglas se cumplan y las instituciones vuelvan a trabajar para la gente. El cambio real no vendrá de Carondelet ni de un mesías de turno, sino de reformas estructurales profundas y de una ciudadanía crítica que asuma, finalmente, su rol como el verdadero contrapeso del poder.