La reconstrucción de los hechos en el caso de los cuatro menores desaparecidos y posteriormente asesinados en Guayaquil, tras ser detenidos por una patrulla militar, fue aplazada para el 16 de febrero.
Inicialmente, esta diligencia estaba programada para la noche de este 30 de enero, desde las 20:30.
De acuerdo con Abraham Aguirre, asesor legal y miembro del Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (citado por el diario El Universo), la diligencia se aplazó debido a versiones y testimonios anticipados que faltan de receptar por parte de Fiscalía.
El pasado 16 de enero, Fernando Bastias, abogado de los familiares de los cuatro menores aseguró a la emisora Radio Pichincha que la reconstrucción de los hechos será vital para descubrir la verdad de este caso que ha conmocionado al país.
El abogado insistió en que a la defensa técnica le interesa conocer la verdad, “indistintamente de quién haya sido”.
No obstante, insistió en la responsabilidad del Estado y de los militares en la desaparición forzada de los menores, independientemente de los resultados de la investigación.
“Sobre la desaparición forzada está claro que hubo una detención, una incomunicación y una negativa de reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado y de los 16 militares”, dijo.
Según Bastias, cuando se confirmó que los cadáveres encontrados el 24 de diciembre, en las cercanías de la Base Aérea de Taura, eran de los cuatro niños, se inició otra investigación para identificar qué tipo de participación tuvieron los militares.
También mencionó que, tras la declaratoria de conflicto armado interno, por parte del presidente Daniel Noboa en enero del pasado año, las organizaciones sociales y de Derechos Humanos advirtieron al Ejecutivo sobre las consecuencias que esa medida iba a tener sobre la población civil.
“Aquí hay responsabilidad política al menos del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, porque durante un año movilizó a las Fuerzas Armadas sin ningún tipo de control, sin fiscalización, sin plan estratégico, sin mecanismo de rendición de cuentas y expuso a la sociedad civil. Más de 80 organizaciones sociales solicitamos el juicio político al ministro para que haya algo de justicia para los cuatro niños de las Malvinas”, mencionó.
El caso de los cuatro menores de Las Malvinas motivó la preocupación de la Unicef y del representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur (Acnudh), Jan Jarab, que han instado al gobierno a realizar las investigaciones correspondientes y llegar a la verdad.
