El Pleno legislativo respaldó la propuesta normativa con 87 votos a favor, en medio de fuertes críticas por la inclusión de un artículo que ordena destruir informes de la Contraloría.

El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Sancionar el Uso Delictivo de Uniformes e Insignias.

La propuesta legal obtuvo el respaldo de 87 votos afirmativos frente a 54 manifestaciones en contra durante la última sesión del parlamento ecuatoriano.

La normativa busca fortalecer de forma directa la seguridad pública mediante la penalización estricta de la utilización no autorizada de indumentaria estatal.

Cárcel por utilizar prendas institucionales

La ley establece sanciones de uno a tres años de privación de libertad para las personas civiles que vistan indumentaria de las fuerzas del orden.

Esta penalización rige específicamente para el uso ilegítimo de trajes pertenecientes a las Fuerzas Armadas o a la Policía Nacional del Ecuador.

Los jueces aplicarán la sanción penal a los ciudadanos que porten estos elementos de identificación sin contar con la debida acreditación institucional.

Castigo severo para falsos operativos

El texto legal incrementa las penas cuando los infractores simulen controles viales, operativos tácticos o acciones de seguridad pública en el territorio nacional.

La condena fijará entre cinco y siete años de cárcel si los delincuentes configuran estos escenarios utilizando insignias o distintivos oficiales.

Los asambleístas estructuraron estas reformas debido a la proliferación de bandas criminales que copian la identidad de los cuerpos armados estatales.

Polémica por eliminación de datos confidenciales

La aprobación de la ley encendió las alarmas debido a la incorporación del polémico artículo 20, relativo a la eliminación controlada de información clasificada.

El apartado obliga a la Contraloría General del Estado a destruir o borrar de forma segura los documentos físicos y digitales bajo reserva institucional.

El organismo técnico ejecutará la destrucción en un plazo máximo de 30 días calendario tras concluir y quedar ejecutoriados los exámenes correspondientes.

La reforma prohíbe eliminar expedientes vinculados a procesos judiciales pendientes o aquellos casos que registren indicios de responsabilidad penal no prescritos.

Cuestionamientos de la oposición por opacidad

Pese a las excepciones legales, el corto tiempo fijado para desaparecer los archivos secretos generó cuestionamientos inmediatos en el sector de la oposición.

La asambleísta Jahiren Noriega, de la Revolución Ciudadana, calificó la medida como un grave retroceso para la transparencia de las instituciones públicas.

Noreiga tildó de mentira el argumento de la seguridad y afirmó que el oficialismo busca generar opacidad sobre las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.

La legisladora de la bancada correísta concluyó que la destrucción acelerada de los documentos estatales busca borrar evidencias del manejo de los fondos públicos.