Con 66 votos a favor, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 25 de febrero, el informe no vinculante elaborado por la comisión legislativa de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes respecto a los cuatro menores de Las Malvinas desaparecidos y posteriormente asesinados en diciembre de 2024.
El texto reconoce la responsabilidad política del ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, en la desaparición forzada de los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, cuyos cuerpos aparecieron calcinados en una zona agreste de Taura, en Naranjal, a 39 kilómetros de Guayaquil en diciembre de 2024 luego de ser detenidos por una patrulla militar.
El documento recomienda además, iniciar un juicio político contra Loffredo, por el incumplimiento de funciones.
Asimismo, exhorta al Ministerio de Defensa Nacional a que “garantice el respeto a los derechos humanos, en especial de los grupos vulnerables, en los que se encuentran los niños, niñas y adolescentes, en todos los operativos y acciones que se desprendan de sus facultades constitucionales y legales.
La moción fue presentada por la asambleísta Pierina Correa y aprobada con 125 asambleístas presentes.
Durante el debate, los legisladores exigieron justicia y sanciones para los responsables de la desaparición de los cuatro niños.
«No es posible que esta Legislatura no se pronuncie ante el caso de los niños de Las Malvinas y el juicio político contra el Ministro de Defensa (…) Este Gobierno hizo una desaparición forzada a cuatro menos de edad y no podemos callarnos», dijo el asambleísta Leonardo Berrezueta.
Por su parte, la legisladora Valentina Centeno reiteró que deben existir sanciones para los responsables, “vengan de donde vengan los responsables»
«Tenemos que ser frontales con el Ecuador, los enemigos son el crimen y delincuencia organizada», dijo.
La noche del 8 de diciembre de 2024, los cuatro menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los soldados subieron a una camioneta y se los llevaron.
Según la versión de los militares, los niños fueron trasladados hacia la zona de Taura, a unos 30 kilómetros de Guayaquil, donde se ubica una de las principales bases de FAE y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió el rastro de los menores.
Tras días de no obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos, los padres de los menores interpusieron una acción de habeas corpus.
Con esa diligencia, la jueza Tanya Loor declaró que hubo una “desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano”.
La magistrada afirmó que durante esa audiencia se habían presentado elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la detención “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos” y ordenó la activación de protocolos de búsqueda y unas disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.
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