El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 17 de marzo, con 84 votos afirmativos, el Proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que dispone que las personas privadas de libertad (PPL) trabajen para sustentar sus necesidades, como parte de su proceso de rehabilitación.
La iniciativa busca además, restablecer el control institucional del Estado sobre las cárceles, evitar la reorganización del crimen desde los centros penitenciarios y garantizar que la ejecución de las penas se cumpla dentro de un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.
Durante la sesión del Pleno, realizada en Cuenca, la presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, Inés Alarcón, defendió la propuesta al señalar que responde a la crisis estructural del sistema penitenciario. “Necesitamos inteligencia penitenciaria, capacitación para nuestros guías, profesionalización y requisitos mínimos de ingreso (…) así como el uso legítimo de la fuerza y la cooperación militar y policial”, afirmó.
Trabajo obligatorio y mayor control estatal en cárceles
Uno de los principales ejes de la reforma es la obligación de que las PPL trabajen como parte de su proceso de rehabilitación y sostenimiento. “No hay otra forma de lograr la rehabilitación que a través de la dignificación de las personas mediante el trabajo”, sostuvo Alarcón.
La normativa también contempla la implementación de un sistema de inteligencia penitenciaria, la reclasificación de los internos según su nivel de peligrosidad y la creación de grupos especiales de intervención para enfrentar crisis dentro de los centros de reclusión.
Además, se fortalece el Cuerpo de Seguridad y Vigilancia Penitenciaria como una entidad especializada, civil, armada y jerarquizada, incorporando mecanismos de evaluación, pruebas de confianza y rotación de personal para prevenir la corrupción.
Asimismo, se establece un régimen especial para personas privadas de libertad de alta peligrosidad y se introducen reformas disciplinarias orientadas a combatir irregularidades dentro del sistema.
Implementación a cargo del SNAI
El SNAI será el encargado de ejecutar las políticas contempladas en la ley en un plazo máximo de 36 meses, bajo criterios técnicos de seguridad, salud y rehabilitación.
La legisladora Lucía Jaramillo señaló que el objetivo central es que “las cárceles y las personas privadas de libertad estén bajo el control pleno del Estado ecuatoriano”.
El proyecto fue respaldado por la bancada oficialista, pero rechazado por el bloque de la Revolución Ciudadana, que cuestionó su efectividad sin un control real del sistema penitenciario.
La asambleísta Jahiren Noriega calificó la iniciativa como insuficiente y advirtió que sin presupuesto ni voluntad política “no pasará absolutamente nada”.
Otros legisladores también expresaron preocupaciones sobre la aplicación de regímenes especiales a personas en prisión preventiva y posibles afectaciones a derechos.
Crisis penitenciaria en Ecuador
La aprobación de esta reforma se produce en medio de una crisis carcelaria caracterizada por altos niveles de violencia, fugas y control de centros penitenciarios por parte de organizaciones criminales.
El Gobierno sostiene que la normativa permitirá restablecer la institucionalidad del sistema, fortalecer la seguridad y garantizar que la ejecución de las penas se desarrolle dentro de un marco de legalidad y respeto a los derechos humanos.
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