Con 86 votos a favor, la resolución aprobada será notificada al presidente Daniel Noboa para los fines constitucionales, convencionales y legales correspondientes
La Asamblea Nacional aprobó este martes, 9 de junio, la salida de Ecuador del Sistema Unitario de Compensación Regional de Pagos (SUCRE), mecanismo financiero regional que ha estado envuelto en controversias por su presunto uso irregular en operaciones vinculadas al empresario colombiano Álex Saab.
La decisión obtuvo 86 votos, provenientes de la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN), sus aliados independientes y el Partido Social Cristiano (PSC). La solicitud fue remitida por el presidente Daniel Noboa al Legislativo el pasado 21 de mayo.
El informe favorable fue elaborado por la Comisión de Relaciones Internacionales. Su presidenta, la asambleísta Lucía Jaramillo, sostuvo que el sistema dejó de cumplir los objetivos para los que fue creado y señaló que existen antecedentes que vinculan al mecanismo con presuntas operaciones de corrupción y lavado de dinero.
Entre los casos mencionados figura el del empresario colombiano Saab, investigado por la justicia estadounidense y señalado como presunto testaferro del presidente venezolano Nicolás Maduro. Según denuncias realizadas en años anteriores, parte de las operaciones atribuidas a Saab habrían utilizado el sistema SUCRE para canalizar transacciones comerciales entre Ecuador y Venezuela.
Jaramillo también pidió que se actualicen las investigaciones legislativas relacionadas con el denominado Caso SUCRE, impulsadas por el exasambleísta Fernando Villavicencio, asesinado en 2023.
Intercambio comercial prácticamente inactivo
Más allá de las denuncias de presuntas irregularidades, la salida de Ecuador del sistema también se sustenta en razones comerciales.
De acuerdo con información del Banco Central analizada por la Comisión de Relaciones Internacionales, las operaciones entre los países miembros del SUCRE —Venezuela, Bolivia, Nicaragua, Cuba y Ecuador— han sido prácticamente inexistentes durante los últimos siete años.
El informe señala que las transacciones realizadas mediante este mecanismo pasaron de USD 1.065,9 millones en 2012 a apenas USD 1,69 millones en 2019, concentradas exclusivamente con Cuba.
Además, Ecuador destinó cerca de USD 5 millones al funcionamiento del sistema desde su adhesión en 2010. Los aportes quedaron suspendidos desde 2018 debido a la falta de información requerida por las autoridades ecuatorianas al Consejo Monetario Regional del SUCRE.
La bancada de Revolución Ciudadana (RC) votó en contra de la denuncia del tratado y calificó la medida como una decisión política. La asambleísta Bertha Vélez defendió la permanencia de Ecuador en el sistema y sostuvo que el SUCRE facilitó operaciones comerciales por más de USD 2.600 millones entre 2010 y 2019.
La RC propuso una moratoria de 12 meses para realizar una evaluación técnica del mecanismo. La propuesta incluía auditorías internacionales y una revisión integral de las operaciones realizadas a través del sistema.
Sin embargo, la mayoría legislativa respaldó la denuncia del tratado, con lo que Ecuador avanza en el proceso formal para abandonar definitivamente el SUCRE.
Origen del mecanismo monetario regional
Bolivia, Cuba, Ecuador, Nicaragua y Venezuela crearon este mecanismo de integración regional en el año 2009. El expresidente Rafael Correa ratificó la adhesión oficial del Estado ecuatoriano durante la jornada legislativa de 2010.
El SUCRE operaba exclusivamente como una unidad de cuenta virtual regulada por los bancos centrales. Las naciones aliadas buscaban reducir costos operativos y disminuir la dependencia financiera frente al dólar.
Cuestionamientos por exportaciones ficticias
Informes del medio Primicias revelaron que diversas empresas utilizaron esta plataforma virtual para simular exportaciones hacia Venezuela. Otras investigaciones detectaron la adulteración de precios e inflación de valores en productos transaccionados.
Debido a estos incidentes, el Gobierno de Ecuador inició el proceso legal de retiro en el año 2022. La Secretaría Jurídica de la Presidencia solicitó un pronunciamiento previo a la Corte Constitucional.
Aval legal y dictamen de la Corte Constitucional
La Corte Constitucional del Ecuador emitió su veredicto definitivo en el mes de abril de 2022. Los magistrados concluyeron que la denuncia del tratado guarda total conformidad con los principios constitucionales.
El dictamen determinó que el Ejecutivo requeriría la autorización previa de la Asamblea Nacional para concretar la salida. La medida responde a que el acuerdo original compromete obligaciones y tratados internacionales del Estado.
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