El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este viernes, 20 de febrero, la Ley Orgánica Reformatoria al Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (Cootad), para la Sostenibilidad y Eficiencia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
El proyecto obtuvo 77 votos a favor, 71 en contra y 2 abstenciones. La sesión se desarrolló en la Universidad Ecotec, en Samborondón.
La norma fue enviada por el Ejecutivo con carácter económico urgente y establece que los GAD deberán destinar al menos el 70 % de su presupuesto a inversión pública y el 30 % a gasto corriente.
Defensa del oficialismo: priorizar obra pública y servicios básicos
La ponente del proyecto, la legisladora oficialista Valentina Centeno, presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, sostuvo que la reforma fortalece una disposición vigente desde 2011 y busca garantizar una distribución más eficiente de los recursos.
Durante su intervención, cuestionó que en varios municipios el gasto corriente supere ampliamente la inversión. Señaló que millones de ecuatorianos no tienen acceso a agua potable de calidad y citó casos específicos en provincias como Guayas.
Otros legisladores del oficialismo, como Sergio Peña y Jorge Chamba, denunciaron lo que calificaron como “despilfarro” en festividades, contratación de artistas y adquisición de bienes, mientras existen necesidades en infraestructura y servicios básicos.
El oficialismo, agrupado en Acción Democrática Nacional (ADN), defendió que la ley no prohíbe inversión social, sino que ordena el uso de recursos.
Rechazo de la oposición: advertencias sobre autonomía y programas sociales
La bancada de la Revolución Ciudadana llegó a la sesión con la intención de archivar el proyecto. El asambleísta Diego Salas presentó un informe de minoría y expresó que la reforma podría afectar programas sociales y limitar la autonomía de los gobiernos locales.
Salas cuestionó que la norma establezca mecanismos de control que, a su criterio, podrían convertirse en “modo castigo” si no se cumplen los porcentajes establecidos.
La legisladora Mariana Yumbay, de Pachakutik, también rechazó el proyecto y advirtió que la reforma podría vulnerar principios constitucionales de autonomía territorial. Anunció que su bloque votaría en contra.
Otros legisladores, como Otto Vera y Alfredo Serrano, plantearon reparos respecto a los criterios sociales y el contexto político del debate.
Pese a la controversia, el proyecto fue aprobado con la votación mínima necesaria. En la misma jornada, el Pleno prevé tratar el informe para primer debate de otro proyecto urgente relacionado con minería y energía.
Manifestaciones de rechazo y despliegue policial
En paralelo al debate legislativo, grupos de ciudadanos y asambleístas opositores realizaron una marcha en Samborondón en rechazo a la propuesta del Ejecutivo.
Los manifestantes se concentraron en las inmediaciones de la universidad donde se desarrolla el Pleno, portando pancartas y consignas en contra del proyecto.
La movilización fue acompañada por un cordón de seguridad de la Policía Nacional, que resguardó los accesos al recinto.
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