El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este martes, 7 de octubre, la reforma a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con 80 votos afirmativos. Durante el segundo debate intervinieron 19 legisladores de distintas bancadas, quienes coincidieron en la necesidad de modernizar el sistema de compras públicas como herramienta para atender de manera más eficiente las necesidades de la ciudadanía.
La ponente del informe, Nathaly Farinango, recordó que el proyecto se construyó desde enero de 2024 a través de 36 sesiones y 58 comisiones generales. Explicó que la propuesta constituye una reconfiguración integral de la normativa, que busca garantizar mayor transparencia, eficiencia y control en la contratación estatal.
Según la legisladora, la reforma incorpora principios como el valor por dinero, la priorización de la calidad de los bienes y servicios y la digitalización de procesos, además de establecer criterios diferenciados para la Amazonía.
Durante el debate, la asambleísta María Cristina Acuña resaltó los principios de transparencia y eficiencia que incorpora la norma, mientras que José Vallejo advirtió que cerca de 13.000 procesos de contratación estarían actualmente en incumplimiento de una sentencia de la Corte Constitucional. A su vez, Fernando Nantipia sostuvo que la ley responde al clamor ciudadano de erradicar la corrupción en el manejo de los recursos públicos.
Otros asambleístas, como Otto Vera y Mariana Yumbay, insistieron en la necesidad de que las observaciones planteadas durante la discusión regresen a la comisión respectiva para ser analizadas dentro de los plazos legales.
En tanto, Mishel Mancheno destacó que la reforma elimina trabas burocráticas que afectan a pequeños comerciantes y que, por tanto, constituye una oportunidad para dinamizar la economía.
El texto aprobado será remitido al presidente Daniel Noboa, quien podrá sancionarlo u objetarlo. De recibir la sanción, la reforma se publicará en el Registro Oficial, lo que marcará la entrada en vigencia de un nuevo marco legal para los procesos de contratación pública en el país.
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