Con 88 votos a favor, 23 en contra y 5 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó la resolución que dispone continuar de manera inmediata con la tramitación del proceso de juicio político contra el presidente Guillermo Lasso.
Esto, conforme al artículo 142 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), que dispone:
“Si en las comisiones especializadas no se alcanza la votación requerida en el trámite de proyectos de ley y procedimientos de fiscalización, fenecido el plazo de ley, estos pasarán a conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional”.
En la sesión 868 del Pleno, que se instaló con 117 legisladores presentes, el titular de la Asamblea, Virgilio Saquicela, señaló que la aplicación del artículo 142 de la LOFL es “plenamente legal”, y con ello “el Pleno tiene que resolver si hay o no juicio político al presidente Guillermo Lasso”.
Con esto, Saquicela dio paso al debate del Pleno para definir sobre el enjuiciamiento político al Mandatario.
El debate
La asambleísta Viviana Veloz (UNES) presentó la moción motivada para continuar con el proceso del juicio político en contra del Presidente de la República. Esto, conforme al artículo 142 de la LOFL.
En su intervención, Veloz señaló: “el proceso tuvo vicios y arbitrariedades desde el inicio en la Comisión de Fiscalización. Fernando Villavicencio se encargó constantemente de obstruir el trabajo legislativo”.
Además, calificó de “ilegal” al pronunciamiento del Procurador General del Estado, pues ya existe el dictamen de la Corte Constitucional. “Debía abstenerse de emitir ese pronunciamiento (…) Nunca solicitó un criterio jurídico a la Asamblea”, aseguró.
Entre los asambleístas que intervinieron: Marco Troya, miembro de la Comisión de Fiscalización, afirmó que la mesa actuó “apegado a las normas”; y solicitó al Pleno: “actuemos con cordura y responsabilidad. La Constitución y las leyes son para respetarlas nos guste o no”.
Por su parte, el legislador Comps Córdova (UNES) señaló: “el presidente Guillermo Lasso sabía de los perjuicios al Estado que ocasionaría el contrato entre Amazonas Tanker y Flopec”.
En tanto, la asambleísta Ana Belén Cordero (BAN), vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización, cuestionó: “¿con qué argumentos van a juzgar al presidente Guillermo Lasso?; y precisó que la mesa ha cumplido con las normas, enviando un informe motivado al titular del Parlamento.
La parlamentaria Gabriela Molina (UNES) indicó que quienes realizaron el informe en la Comisión no fueron “imparciales (…) El documento es contrario a lo que dispone el dictamen de la Corte Constitucional”.
Fernando Villavicencio (Ind), presidente de la Comisión de Fiscalización, expresó: “no se le juzga al Presidente de la República porque haya conocido o no los contratos. Se le juzga por un delito de peculado; y hasta el día de hoy no han presentado una sola prueba del supuesto peculado”. De forma inmediata, Villavicencio abandonó el Pleno.
