La Secretaría General de la Asamblea Nacional contestó este jueves 6 de febrero al presidente Daniel Noboa, tras recibir la copia del oficio que éste remitió a Cynthia Gellibert, a quien denominó como “vicepresidenta en funciones”, en el que anunció su decisión de ausentarse temporalmente de su condición de Primer Mandatario para participar en las actividades de cierre de campaña electoral.
En el documento, el Parlamento reiteró que el mandatario “debe pedir licencia para hacer actividades proselitistas.
“Este Parlamento queda, nuevamente, atento para recibir la solicitud de licencia sin remuneración requerida por el Presidente de la República, de conformidad con lo señalado en el artículo 146 de la Constitución de la República y artículo 42 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, a través de funcionarios con competencia constitucional y legal, para, de manera inmediata, actuar conforme lo dispone la normativa y la sentencia de la Corte Constitucional No. 1-25-IN/25 de 23 de enero de 2025”, ratificó el documento.
De igual manera, el Legislativo recordó que “Verónica Abad Rojas se encuentra en funciones como vicepresidenta de la República, ya que la Asamblea Nacional no le ha otorgado licencia” esto luego que Gellibert se dirigiera en calidad de “vicemandataria de la República del Ecuador en funciones”.
Por lo que advirtió a Gellibert que “podría estar incurriendo en el presunto delito establecido en el artículo 287 del Código Orgánico Integral Penal”.
La mañana de este jueves, Noboa notificó a la Asamblea Nacional que se ausentaría de manera temporal de su cargo como presidente de la República desde las 5h00 hasta las 23h59 de este jueves, 6 de febrero de 2025, para continuar con sus actividades de campaña electoral.
El mandatario envió dicha notificación a la presidenta encargada del Parlamento, Esther Cuesta, en atención a lo dispuesto en el artículo 141 de la Constitución.
También comunicó la misiva a Gellibert, en calidad de vicepresidenta de la República del Ecuador en funciones.
Noboa precisó que luego de las consultas realizadas a las instituciones estatales y la omisión de pronunciamientos lo han colocado en una imposibilidad temporal de ejercer su función mientras sea candidato y realice actividades proselitistas.
“Hacerlo me expone a sanciones electorales y a una confusión en el uso de recursos públicos. Estos hechos se presentaron de forma imprevisible e irresistible, ya que nunca se contempló que las autoridades competentes, como la Procuraduría General del Estado, omitirían pronunciarse; y, que eso provocaría que me encuentre en el alto riesgo de ser sancionado electoralmente si ejerzo mi mandato como candidato”, señaló en el documento.
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