La inasistencia del abogado defensor del exasambleísta obligó al Tribunal a postergar la diligencia por presunta violación. El proceso judicial se retomará a mediados de abril en la capital.
El Tribunal encargado del caso contra Joseph Santiago D. A. declaró fallida la audiencia de juicio prevista para este jueves 26 de marzo. La instalación del proceso no fue posible debido a la ausencia del abogado defensor del exlegislador.
Ante la falta de comparecencia de la defensa técnica, los magistrados suspendieron el inicio de la etapa de juzgamiento. El exmilitante correísta enfrenta cargos por el presunto delito de violación contra una menor de edad.
Nuevas fechas para el proceso
Tras la declaración de nulidad de la jornada de hoy, el Tribunal notificó de inmediato el nuevo calendario para la diligencia. La audiencia de juicio quedó convocada para los días 16 y 17 de abril de 2026.
Este diferimiento extiende la espera de la parte acusadora, liderada por la abogada María del Mar Gallegos. La defensa de la víctima ha cuestionado previamente los beneficios carcelarios que ha recibido el procesado durante su detención.
Privilegios y traslados bajo sospecha
Díaz mantuvo prisión preventiva inicialmente en la Cárcel 4 de Quito, un centro destinado a delitos políticos. En agosto de 2025, las autoridades lo trasladaron a la cárcel de máxima seguridad La Roca.
Sin embargo, registros de octubre de 2025 revelaron que el procesado recibía atenciones médicas y visitas familiares en un sanatorio de Conocoto. Díaz llegaba al sitio con resguardo policial y militar.
Tras estas revelaciones, el Ministerio de Salud desvinculó al director de dicho centro médico. Por su parte, el SNAI ha mantenido silencio absoluto sobre las razones de estos beneficios.
Informante en el caso “Caja Chica”
En el ámbito político, Díaz figura como una pieza clave en la investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos. El caso salpica a la cúpula del correísmo.
El procesado aseguró ante la Fiscalía haber trasladado dinero desde Venezuela para la campaña presidencial de 2023. Estas declaraciones ocurrieron tras los allanamientos a la vivienda de Luisa González.
Postura de la defensa y situación legal
María del Mar Gallegos, abogada de la víctima, sostiene que la permanencia de Díaz en cárceles exclusivas constituye un privilegio inaceptable. Según la jurista, un agresor sexual común enfrentaría su proceso en centros regionales.
La defensa de la víctima aclaró que Díaz no puede recibir reducciones de pena en el caso de violación. Su colaboración eficaz en el proceso político no afecta la sanción por delitos sexuales.
Patricio Yungán, abogado de Díaz, ratificó que su cliente amplió su versión sobre el financiamiento electoral. El defensor enfatizó que la justicia debe tratar ambos expedientes de forma totalmente separada.
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