El informe de la autopsia realizada a los cuatro menores de Las Malvinas, en Guayaquil, reveló que Josué, Ismael, Nehemías y Steven fueron asesinados con un disparo en la cabeza.
El abogado Fernando Bastias, miembro del Comité Permanente para la Defensa de los Derechos Humanos (CDH) en Guayaquil y defensor de las familias de los menores, detalló al canal Ecuavisa que el informe mostró impactos de bala en los cuatro cadáveres.
“Se identifican restos y también lesiones en el tórax y en la cabeza”, especificó.
Bastias agregó que el informe también señala de que este impacto de bala y estas lesiones comprometieron órganos, pero debido al estado de putrefacción y carbonización de los cuerpos, no se pudo concluir cuál fue la causa de la muerte.
En el documento se especifica que el disparo fue de atrás hacia adelante (de espaldas), dijo por su parte el abogado Abraham Aguirre, también miembro del CDH.
Aguirre comentó que presuntamente los cuatro menores habrían estado arrodillados cuando fueron ejecutados.
Aguirre explicó que uno de los adolescentes tenía una lesión por un golpe contundente en el lado izquierdo de la cabeza.
Este elemento, dijo, concuerda con la versión del hombre que les prestó el celular la noche del 8 de diciembre, quien comentó que vio a uno ensangrentado.
El abogado Aguirre explicó que el informe se anexará al otro proceso paralelo que se está siguiendo por «secuestro con muerte», lo que le «dará luz al fiscal que está siguiendo el proceso”.
El pasado 21 de marzo, un juez negó el pedido de sustitución de la prisión preventiva para los 16 militares procesados por la presunta desaparición forzada de los cuatro menores y con ello, los uniformados permanecerán detenidos.
Ese fue el segundo intento de los militares para salir de la cárcel. El primero se resolvió el pasado 20 de febrero y al igual que en esta ocasión, se rechazó el pedido para poder defenderse en libertad mientras continúa la instrucción fiscal de este caso.
Los hermanos Ismael y Josué Arroyo, de 15 y 14 años, y sus amigos Saúl Arboleda, de 15, y Steven Medina, de 11, fueron reportados como desaparecidos en diciembre de 2024 y luego sus cuerpos aparecieron calcinados en una zona agreste de Taura, en Naranjal, a 39 kilómetros de Guayaquil.
La noche del 8 de diciembre de 2024, los menores fueron aprehendidos por 16 militares de una patrulla de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), que había sido alertada de que en la zona ocurría un asalto. Los soldados subieron a una camioneta y se los llevaron.
Según la versión de los militares, los niños fueron trasladados hacia la zona de Taura, donde se ubica una de las principales bases de FAE y los dejaron en libertad. Después de eso se perdió el rastro de los menores.
Tras días de no obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos, los padres de los menores interpusieron una acción de habeas corpus.
Con esa diligencia, la jueza Tanya Loor declaró que hubo una “desaparición forzada bajo la responsabilidad del Estado ecuatoriano”.
La magistrada afirmó que durante esa audiencia se habían presentado elementos que hacían presumir que los 16 militares que actuaron en la detención “no cumplieron con los protocolos establecidos para estos casos” y ordenó la activación de protocolos de búsqueda y unas disculpas públicas por parte del Ministerio de Defensa.
Entre los días 16 y 17 de marzo pasados se realizó la reconstrucción de los hechos del crimen contra los cuatro niños de Guayaquil con el objetivo de tener más detalles de lo que sucedió la noche del 8 de diciembre de 2024.
“Esta diligencia es importante porque reúne también los testimonios que ya han venido registrándose antes”, explicó Billy Navarrete, director del CDH, organización que defiende legalmente a las familias de las víctimas.
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