Cientos de ciudadanos y autoridades locales recorrieron las calles de Quito este 12 de febrero. La movilización avanzó hasta la Asamblea Nacional para exigir el archivo inmediato de la Ley de Sostenibilidad para los Gobiernos Autónomos (GAD).
El alcalde capitalino, Pabel Muñoz, lideró la protesta junto a la prefecta de Pichincha, Paola Pabón. Ambos funcionarios rechazan el proyecto de ley económico urgente que el Legislativo debate este jueves. Según Muñoz, la normativa reduce drásticamente los presupuestos municipales y provinciales.
El impacto financiero en las provincias
La prefecta Pabón calificó la movilización como una acción pacífica en defensa de los recursos públicos. Ella denunció que el Gobierno Central mantiene una deuda cercana a los USD 1.000 millones con los gobiernos locales.
Pabón advirtió que la nueva ley pretende “licuar” esos valores pendientes. Además, la funcionaria señaló que la norma restaría una cantidad similar de recursos cada año a las instituciones locales. Esta falta de dinero afectaría directamente los programas de atención social en todo el país.
Tensión y resguardo en el Legislativo
La presencia de los manifestantes obligó a un despliegue policial preventivo en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Los uniformados colocaron vallas metálicas para restringir el acceso y garantizar la seguridad del edificio.
En la marcha también participaron asambleístas de la Revolución Ciudadana. Este bloque legislativo apoya el pedido de archivo y se opone frontalmente a la propuesta del presidente Daniel Noboa. Los manifestantes portaban carteles con consignas claras: “Sin recursos, no hay gestión”.
El debate se posterga en la Comisión
La Comisión de Desarrollo Económico suspendió su sesión inicial programada para las 08:00. Finalmente, los comisionados reprogramaron la votación del informe para el primer debate a las 13:00 de hoy.
Enrique Herrería, secretario Jurídico de la Presidencia, acudió a la sede legislativa para defender la propuesta oficialista. El Ejecutivo sostiene que la reforma garantiza que los GAD destinen el 70% de su presupuesto a infraestructura y servicios.
Posturas divididas entre alcaldes
A pesar de las protestas, no existe un consenso total entre todos los gobiernos locales. Yuri Colorado, presidenta de la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), mostró anteriormente su respaldo a la normativa.
Sin embargo, las administraciones de Quito, Guayas y Azuay mantienen su postura crítica. Estos organismos consideran que la ley presiona las finanzas locales en un momento económico complejo para el Estado ecuatoriano.
Post relacionados
