Como “una situación preocupante”, calificó Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social (MIES), a las movilizaciones ocurridas desde el 13 de junio de 2022. Así, dijo que los pedidos están motivados por “acciones unilaterales por parte de un sector, que tiene todo el derecho, en el marco legal, de generar una protesta social y realizar una reivindicación de sus convicciones ideológicas y de concepto; pero lo que no tiene derecho es a caotizar el país y vulnerar el derecho y la Constitución”.
En esa línea, justificó las acciones entabladas desde el Ejecutivo. “El presidente ha actuado, con aquellas personas que quieren caotizar el país y desestabilizar la democracia, con la ley y la Constitución. Con todos los demás estamos abiertos al diálogo”, enfatizó.
Bernal destaca el trabajo de la justicia
Por ello, destacó la “firmeza” de las acciones. Así, mencionó que el presidente Guillermo Lasso, con su equipo de trabajo, tomó decisiones como las de aprehender a algunos manifestantes. Además, recordó que si bien Leonidas Iza dejó de estar detenido, es porque tiene medidas sustitutivas. “El estado ecuatoriano ha cumplido acorde a ley para que se disminuya la agresividad con la que se actúa contra los ecuatorianos”, destacó.
En este mismo tema, señaló que “se polemizó sobre la hora del parte, pero dentro de las 24 horas de aprehendido puede presentarse el parte. La Fiscalía encuentra elementos suficientes para acusar sobre la flagrancia del cierre de una vía. Nadie puede vulnerar la ley y la Constitución. Si usted está inhabilitado de cerrar vías, debe acudir a la justicia ecuatoriana”, informó.
“La reivindicación social está garantizada, el diálogo está abierto. Pero, no se puede dialogar con quien ataca y quema vehículos y agrede a transeúntes por el simple hecho de decir que es una protesta social”, agregó.
Bernal lamentó que no se tome en cuenta el trabajo a favor de la erradicación de la desnutrición crónica infantil. Así, alertó que, en Tungurahua, esta problemática bordea el 41%; en Chimborazo llega al 36%; mientras que, en Cotopaxi alcanza el 35%. Además, resaltó que el gobierno invirtió $12,5 millones para el bono mil días que, para 2023, se incrementará a $25 millones.