La Junta de Política y Regulación Financiera emitió una resolución que cambia el marco legal de las cajas comunales y cajas de ahorro en Ecuador. La medida busca fortalecer la transparencia y el control en estas organizaciones. A partir del 20 de mayo de 2025, estas entidades tienen un plazo de 12 meses para cumplir con los requisitos legales. Deben constituirse formalmente, adecuar sus estatutos y registrarse ante la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria (SEPS).
Para operar, las cajas deben tener personalidad jurídica, estructura interna definida y demostrar un vínculo entre sus socios. Además, deben establecer actividades claras y límites operativos. La resolución permite que las cajas manejen activos hasta un máximo de USD 400.000. Solo podrán captar depósitos de sus socios, otorgar préstamos con un límite del 5 % de sus activos por persona, operar con una sola oficina y abrir cuentas en otras instituciones financieras.
Las cajas no podrán promocionar sus servicios al público general, participar en el sistema de seguro de depósitos ni en el Fondo de Liquidez. Las que ya están en funcionamiento deberán demostrar operaciones continuas con sus socios en los últimos seis meses para acogerse al proceso de regularización. La SEPS tendrá seis meses para ajustar su normativa y emitir una resolución de control que inicie el proceso de formalización.
Durante este proceso, se exceptuará el límite de activos para facilitar el registro en el catastro público. Luego, la Superintendencia presentará un informe a la Junta y propondrá un plan para casos especiales. La normativa busca fortalecer la supervisión de estas organizaciones y promover su formalización en el sistema financiero nacional.
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