El Consejo de Administración Legislativa (CAL) bloqueó nuevamente las intenciones de la Revolución Ciudadana (RC) de fiscalizar al Consejo de Participación Ciudadana (Cpccs). Este lunes 9 de febrero de 2026, el organismo legislativo decidió archivar la solicitud de enjuiciamiento contra seis integrantes de dicha entidad. La decisión se fundamenta en un informe técnico que detectó fallas críticas en el expediente presentado.
Deficiencias técnicas hunden el proceso
La Unidad Técnica Legislativa (UTL) revisó minuciosamente el pedido y recomendó su inadmisión inmediata. Según el informe no vinculante, los asambleístas proponentes fallaron al estructurar el anuncio y sustento de las pruebas. El equipo jurídico de la Asamblea determinó que los documentos presentados no guardan una relación clara con los hechos imputados.
Además, los técnicos señalaron que los interpelantes omitieron la entrega de pruebas documentales obligatorias. La Ley Orgánica de la Función Legislativa exige estos requisitos desde el inicio del trámite. Por este motivo, el CAL consideró que el expediente carece de la base legal necesaria para avanzar a la Comisión de Fiscalización.
Los señalados y las causas del conflicto
Los legisladores Luis Fernando Molina y Héctor Rodríguez lideraron esta iniciativa fallida. Ellos acusaron a los consejeros de un presunto incumplimiento de funciones en dos ámbitos estratégicos para el Estado:
- La selección de los vocales del Consejo de la Judicatura.
- El concurso público para designar al nuevo Fiscal General del Estado.
El proceso buscaba la destitución de los consejeros Andrés Fantoni, Johanna Verdezoto, Jazmín Enríquez, David Rosero, Piedad Cuarán y Roberto Gilbert. Aunque la RC presentó 46 firmas válidas para respaldar el pedido, el vacío probatorio pesó más que el apoyo político inicial.
Tensión política por supuesto “blindaje”
La resolución del CAL generó reacciones inmediatas y cargadas de confrontación. El asambleísta Luis Molina calificó la decisión como un acto político orquestado por la bancada oficialista ADN. Molina sostiene que el Gobierno busca proteger al Cpccs para asegurar el control de la Fiscalía General.
Por su parte, el legislador denunció que la UTL cambió de criterio arbitrariamente en esta ocasión. Según su postura, el anuncio de pruebas es idéntico a otros procesos que sí recibieron aprobación previa. Esta nueva pugna legislativa ocurre mientras el Parlamento también tramita el juicio político contra el presidente de la Judicatura, Mario Godoy.
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