Con siete votos, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) negó este 9 de julio el pedido presentado por la Comisión de Fiscalización y Control Político para resolver sobre la suspensión de los términos y plazos del juicio político en contra de Solanda Goyes, vocal principal del Consejo de la Judicatura, quien argumentó problemas de salud.
La moción fue planteada por la legisladora Mónica Salazar, quien sostuvo que el CAL no tiene competencia para pronunciarse sobre la suspensión, ya que el juicio político fue calificado y admitido a trámite por la Comisión de Fiscalización, órgano sustanciador del proceso.
Salazar recalcó que corresponde a la Comisión, en su calidad de cuerpo colegiado responsable del procedimiento, analizar los argumentos y la documentación presentada por la interpelada para resolver su solicitud, conforme lo establece la Constitución de la República.
El proceso de juicio político
El juicio político contra Solanda Goyes fue impulsado por el asambleísta de ADN, Fernando Jaramillo, por un supuesto incumplimiento de funciones al haber obstaculizado la aprobación del reglamento para la selección de jueces constitucionales.
El 1 de julio, Goyes entregó sus pruebas de descargo, en las que asegura que las acusaciones están “alejadas de la realidad” y detalló las gestiones realizadas desde su despacho para contribuir con la elaboración del reglamento. Aseguró que el Consejo de la Judicatura no acogió sus propuestas.
El juicio político se mantiene en etapa de sustanciación, a la espera de que el CAL resuelva si procede o no la suspensión de los plazos ante el estado de salud de la funcionaria.
Otros temas tratados
En la misma sesión, el CAL también revisó cuatro proyectos de ley que, según la Unidad Técnica Legislativa, no cumplen los requisitos de admisibilidad establecidos en el artículo 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Por esta razón, el órgano legislativo resolvió no calificarlos, también con siete votos a favor.
Con esta decisión, el juicio político contra Goyes Quelal seguirá su curso en la Comisión de Fiscalización, que deberá evaluar los elementos presentados por las partes antes de emitir un informe final para conocimiento del Pleno de la Asamblea Nacional.
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