El Consejo de Administración Legislativa (CAL), resolvió este viernes sancionar, con 30 días de suspensión sin remuneración, al asambleísta Andrés Castillo (ADN), representante de la provincia de Pichincha, tras la queja presentada por el legislador Comps Córdova (RC), de Sucumbíos.
La decisión se adoptó luego de la moción presentada por la asambleísta Mónica Salazar, en el marco del proceso administrativo iniciado por presuntas agresiones verbales e insultos que habrían ocurrido durante la continuación de la sesión No. 057 del Pleno de la Asamblea Nacional.
De acuerdo con la resolución del CAL, las conductas denunciadas se encuentran tipificadas como falta administrativa grave, conforme al artículo 170 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
El organismo legislativo recordó que el 23 de enero se desarrolló la fase de actuación de pruebas, durante la cual se escucharon los argumentos de las partes involucradas antes de adoptar la decisión final. El CAL señaló que el proceso se llevó a cabo respetando las garantías del debido proceso y los procedimientos establecidos en la normativa vigente.
Tras conocerse la resolución, el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, señaló en su cuenta de la red social X que la sanción responde al cumplimiento de las normas institucionales y a la necesidad de preservar el respeto dentro del Parlamento.
“Las normas existen para todos y el debate democrático debe sostenerse siempre con altura y respeto”, expresó, al tiempo que indicó que la Asamblea continuará exigiendo que el ejercicio político se desarrolle acorde al rol institucional del Legislativo.
El incidente en el Pleno
La denuncia fue presentada a inicios de enero de 2026 luego de los incidentes verbales registrados durante la sesión del Pleno del martes 6 de enero, en la que se desarrollaba el debate del informe preliminar del proyecto de Ley de Repetición.
Durante el debate legislativo, las posiciones entre bancadas se intensificaron debido a que el bloque correísta planteaba el archivo del informe preliminar, mientras que la bancada oficialista defendía la continuidad del trámite del proyecto.
En medio de la discusión, el asambleísta Castillo realizó expresiones dirigidas al legislador Córdova que generaron reacciones en el hemiciclo y derivaron en la presentación de la queja ante el CAL. Según la resolución del organismo, los hechos fueron considerados como una falta administrativa grave conforme a la normativa de la Función Legislativa.
El CAL señaló que, tras la fase de actuación de pruebas y el análisis de los argumentos de ambas partes, se adoptó la sanción en cumplimiento de los procedimientos establecidos en la ley y garantizando el debido proceso.
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