La Cámara de Minería del Ecuador expresó su respaldo a la decisión del Gobierno de suspender las actividades mineras en la provincia amazónica de Napo, en el marco de las acciones para combatir la extracción ilícita de minerales y mitigar sus impactos ambientales, sociales y de seguridad.
En un comunicado difundido este lunes 2 de febrero de 2026, el gremio aclaró que no cuenta con empresas afiliadas que desarrollen actividades mineras en Napo y señaló que observa “con buenos ojos” todas las medidas orientadas a enfrentar la minería ilegal, a la que calificó como una problemática que requiere una respuesta firme del Estado.
La Cámara reiteró que la minería legal e industrial opera bajo estrictos estándares ambientales, técnicos y de control, y subrayó que todas las empresas del sector deben cumplir la normativa vigente. “Cuando esto no ocurre, corresponde que las autoridades competentes apliquen las sanciones previstas en la ley”, indicó el gremio.
Motivos de la suspensión
La suspensión de las actividades mineras fue anunciada por la ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano. La funcionaria detalló que la medida se aplica en la provincia de Napo, así como en plantas de beneficio ubicadas en El Oro y Loja, debido a la contaminación de ecosistemas sensibles y fuentes hídricas asociadas a actividades ilegales.
De acuerdo con Manzano, se detectó la presencia de metales pesados como cobre, plomo, arsénico y cadmio, además de cianuro, en concentraciones superiores a los límites permitidos en ríos como Calera y Amarillo, pertenecientes a la cuenca Puyango-Tumbes, así como afectaciones en la cuenca del río Napo.
“La minería ilegal es una amenaza directa contra nuestros ríos, nuestros bosques y la vida de las comunidades amazónicas”, señaló la ministra, quien enfatizó que no se permitirá la continuidad de actividades clandestinas que destruyan el patrimonio natural del país.
En el caso específico de Napo, la ministra explicó que la suspensión también busca ordenar la pequeña minería y regularizar los contratos de operación, por lo que la medida se mantendrá vigente hasta que se solventen los aspectos documentales y se ejecuten procesos de reparación y restauración ambiental del río Napo.
Controles y fiscalización
Manzano dispuso el inicio inmediato de controles, inspecciones, monitoreos de la calidad del agua y procesos administrativos sancionatorios, en coordinación con la Agencia de Regulación y Control Minero, la Agencia de Regulación y Control del Agua y con el apoyo de las fuerzas de seguridad.
Desde la Cámara de Minería, el gremio ratificó su disposición a colaborar con el Estado en los esfuerzos de control y fiscalización, promoviendo una minería responsable, transparente y alineada con la protección ambiental y el desarrollo sostenible.
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