La Fiscalía General del Estado (FGE) atraviesa una serie de cambios internos desde la designación de Carlos Alarcón como fiscal general encargado. Alarcón no cuenta con el nivel 3 en la carrera fiscal, requisito que habilita la dirección y supervisión de fiscales de mayor jerarquía y experiencia, situación que motivó la presentación de una acción en la Corte Constitucional.
Pese a ello, Alarcón, quien ostenta el nivel 1 en la carrera fiscal, accedió al cargo con el respaldo del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, y del vocal Fabián Fabara, ambos identificados como cercanos al gobierno del presidente Daniel Noboa. Alarcón reemplaza a Wilson Toainga y ha actuado como representante del Ministerio Público en casos como ‘Nene’ y ‘Triple A’.
Uno de los primeros movimientos administrativos bajo esta nueva conducción fue el traslado de Wilson Toainga, exfiscal general subrogante, a la Fiscalía de Machachi.
Toainga tuvo un rol clave en la lucha contra el crimen organizado. Entre 2013 y 2017 impulsó la creación de la Unidad Nacional de Investigación contra la Delincuencia Organizada Transnacional (Unidot), que en 2018 logró las primeras sentencias por terrorismo contra integrantes de la guerrilla Oliver Sinisterra.
Otros cambios
Los cambios también alcanzaron a la Unidot. Varios fiscales con años de experiencia en delincuencia organizada fueron removidos de la unidad y reemplazados por funcionarios provenientes de áreas como Personas y Garantías o Lavado de Activos, sin antecedentes conocidos en investigaciones complejas de crimen organizado.
De acuerdo con fuentes internas, la reconfiguración involucra al menos a diez fiscales. Entre los nombres que han trascendido constan Wilson Toainga, Alejandro Alemán, Fernando Guerrero y Andrés Cuasapaz, quienes fueron separados de sus funciones originales o reasignados a otras dependencias. Estas decisiones modificaron de forma sustancial los equipos que manejaban casos sensibles.
Las resoluciones adoptadas marcan, además, un giro en el modelo de especialización de la Fiscalía, una política que durante años permitió a los fiscales concentrarse en áreas específicas como crimen organizado, lavado de activos o corrupción, y acumular experiencia técnica en investigaciones de alta complejidad.
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