La instrucción fiscal por presunto peculado se enfoca en técnicos de rangos medios y bajos de Termopichincha. Pese a las evidencias de irregularidades, los administradores de los proyectos Salitral y Quevedo no enfrentan cargos.
La Fiscalía General del Estado concentra sus investigaciones del caso Apagón en 21 personas por el presunto delito de peculado. La trama gira en torno a los contratos entregados a la empresa Progen Industries LLC durante 2024. La audiencia se retoma a las 8h30 de este viernes 15 de mayo de 2026.
Sin embargo, el proceso judicial omite a figuras clave: los administradores de los contratos. Según la ley ecuatoriana, estos funcionarios deben garantizar el cumplimiento estricto de las obligaciones, plazos y la correcta recepción de productos.
El polémico papel de los administradores en el proyecto Salitral
El proyecto Salitral, valorado en USD 99,4 millones, destaca por la ausencia de cargos contra su administrador, Marlon C. La Fiscalía reveló que Termopichincha ya desembolsó USD 69,58 millones por este contrato, equivalentes al 70% del total.
Marlon C. lideró la logística de verificación de generadores en Estados Unidos y designó a la empresa verificadora AP Inspections. Además, emitió el memorando que recomendó el pago millonario, basándose en informes que los técnicos de la comisión se negaron a firmar.
Paradójicamente, la Fiscalía sí procesa a tres técnicos que viajaron a la inspección: Celso Sánchez, Nelson Castro y Paul Flores. Ellos rechazaron suscribir el documento por inconsistencias y denunciaron amenazas de muerte contra sus familias.
Omisiones en el contrato de la central Quevedo
La situación se repite en el contrato de la central Quevedo, que asciende a USD 49,7 millones. En este caso, Termopichincha efectuó cinco desembolsos que suman USD 34,79 millones bajo una modalidad de pago prorrateado.
Aunque se modificaron las condiciones de pago mediante adendas, ninguno de los administradores de este contrato consta en la lista de procesados. Fuentes del proceso confirmaron que estos nombres han sido relegados de la etapa de formulación de cargos.
Entre los 17 funcionarios de Termopichincha procesados figuran principalmente ingenieros que integraron comisiones técnicas. Estos empleados firmaron documentos precontractuales que, según la Fiscalía, contenían contradicciones frente a la oferta real de Progen.
Dudas sobre la selección de personal estratégico
La investigación también arroja dudas sobre cómo llegaron ciertos funcionarios a cargos estratégicos. Byron Orozco, exgerente de Termopichincha y hoy procesado, relató que recibió recomendaciones externas para contratar perfiles específicos.
En el caso de Marlon C., su hoja de vida llegó con un mensaje explícito indicando su interés particular en administrar el contrato. Esta revelación sugiere una estructura de designaciones direccionada que la justicia aún no sanciona integralmente.
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